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¿Qué es el acecho?
La Ley Núm. 284-1999, según enmendada, mejor conocida como la “Ley contra el Acecho en Puerto Rico”, establece que el acecho es un patrón de conducta mediante el cual, con intención:

  • se mantiene una vigilancia sobre determinada persona;
  • se envían comunicaciones no deseadas, amenazas escritas, verbales o implícitas a una persona;
  • se efectúan actos de vandalismo dirigidos a determinada persona, o
  • se hostiga repetidamente con palabras, gestos o acciones dirigidas a intimidar o causar miedo, amenazar o perseguir a una persona o a sus familiares.
¿Qué se considera un patrón de conducta de acecho?

Un patrón de conducta repetitiva y persistente que se lleve a cabo en dos o más ocasiones, con la intención de intimidar a una persona o a sus familiares.

¿Qué puede hacer si usted o cualquier miembro de su familia se ha visto afectado o afectada por un patrón de conducta de acecho?

Puede ir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar una orden de protección. Las órdenes de protección son medidas y condiciones que establece el Tribunal para que la persona que comete el acecho deje de hacerlo.

Para solicitar la orden de protección, no tiene que haber una denuncia o acusación previa y puede utilizar el formulario Petición de Orden de Protección al Amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico (OAT 1230).

¿Quiénes pueden solicitar una orden de protección?

Las personas que pueden solicitar una orden de protección en una situación de acecho son:

  • la persona acechada
  • el o la representante legal de la persona acechada
  • un o una agente del orden público (por ejemplo, un o una policía)
  • el o la patrono, si la persona acechada es su empleado o empleada y si los actos constitutivos de acecho ocurren en el lugar de trabajo o áreas cercanas, luego de notificarle a la persona acechada la intención de solicitar la orden de protección

El o la patrono puede solicitar la orden mediante el formulario Petición de Orden de Protección Patronal al Amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico (OAT 1816).
En casos de emergencia, o que la persona acechada esté incapacitada mental o físicamente, o no pueda solicitarla por sí misma, la petición puede ser presentada por otra persona.

¿Qué medidas puede establecer el Tribunal en una orden de protección?

En la orden de protección, el Juez o la Jueza podrá ordenar, entre otras cosas, que la persona que acecha:

  • se abstenga o deje de molestar, hostigar, perseguir, intimidar, amenazar a la persona acechada
  • no entre, ni esté en los lugares donde se encuentre la persona acechada
  • si ocasionó daños, pague una cantidad de dinero o indemnización económica por los mismos (por ejemplo, reparaciones de propiedad, gastos de mudanza, gastos legales, médicos, entre otros)
  • entregue inmediatamente cualquier arma de fuego que tenga en su posesión a la Policía de Puerto Rico

También, y según el Artículo 16(A) de la Ley Núm. 284-1999, puede solicitar que el Tribunal emita una orden a su compañía de servicio telefónico inalámbrico para que provea un nuevo número telefónico y, de ser necesario, transfiera la responsabilidad y control sobre uno o más números telefónicos a la parte peticionaria (persona que solicita la orden de protección), sin costo adicional. Para esto puede utilizar el formulario Petición Orden de Cambio de Número Telefónico y Transferencia de Responsabilidad y Control (OAT 1806).

¿Qué ocurre cuando no se cumple una orden de protección?
El incumplimiento con una orden de protección puede resultar en pena de cárcel, multa, o ambas penas.

Los formularios mencionados en esta página están disponibles en el portal cibernético de la Rama Judicial, en las secretarías de los tribunales y en los Centros Pro Se.

Si se encuentra en una situación de emergencia, comuníquese inmediatamente al Sistema 9-1-1 o al cuartel de la Policía de Puerto Rico o de la Policía Municipal más cercano.

Cobro de dinero

¿Qué es una demanda en cobro de dinero?

Es el mecanismo utilizado por una persona a quien se le debe una determinada suma de dinero para que, mediante la presentación de una reclamación ante el Tribunal, pueda recobrarla de quien le debe.

¿Qué es una reclamación al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil?

Es un procedimiento sumario (rápido) al cual se puede acoger la parte demandante (persona que presenta la demanda o petición en el Tribunal) que presenta una reclamación en cobro de dinero, siempre y cuando la suma de dinero adeudada, sin incluir los intereses, sea $15,000.00 o menos. Si la persona se representa por derecho propio, puede utilizar el formulario Demanda y Orden (bajo la Regla 60) (OAT 991), disponible en las secretarías de los tribunales o en los Centros Pro Se.

¿Qué debe hacer la parte demandante que desea presentar este tipo de reclamación?

La parte demandante presentará un escrito de demanda en la Sala Municipal donde resida la parte demandada (persona contra quien se presenta la demanda; persona que le debe). En la demanda deberá constar la siguiente información:

  • nombre, dirección física y postal, número de teléfono, número de fax, y dirección de correo electrónico de la parte demandante o de su representación legal
  • nombre, dirección física y postal de la parte demandada (de no tener esta información al momento de presentar la demanda, el pleito se llevará por procedimiento ordinario y no al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil)
  • naturaleza de la deuda (por qué se le debe ese dinero, por concepto de qué)
  • cantidad exacta adeudada
  • detalle de las gestiones de cobro realizadas antes de acudir al Tribunal a presentar la reclamaciónAdemás, podrá incluir como anejo una declaración jurada sosteniendo los hechos contenidos en la demanda o copia de cualquier otro documento que evidencie las reclamaciones de la demanda.

La parte demandante deberá acompañar el escrito de demanda con un proyecto de notificación–citación que será expedido inmediatamente por el Secretario o la Secretaria del Tribunal. Puede utilizar el formulario Notificación Citación Bajo Regla 60 (OAT 991A). La parte demandante será responsable de diligenciar o entregar la notificación-citación, con copia de la demanda, dentro de los diez días de presentada la demanda, mediante entrega personal o por correo certificado.

El día que presente la reclamación, se le informará la fecha en que se celebrará la vista en su fondo que, por la naturaleza del proceso, será dentro de los tres meses de presentada pero nunca antes de los quince días de la fecha en que fue expedida la notificación a la parte demandada.

¿Qué pueden esperar las partes el día de la vista en su fondo?

Tanto la parte demandante como la parte demandada podrán comparecer a la vista por derecho propio o acompañadas por sus representantes legales. Durante la vista, el Tribunal evaluará las alegaciones de las partes, así como la prueba presentada, y dictará sentencia inmediatamente.

Si la parte demandada no se presenta el día de la vista y el Tribunal determina que esta fue debidamente notificada y que le adeuda una suma de dinero a la parte demandante, el Tribunal podría anotarle la rebeldía, lo que significa que el procedimiento seguirá sin su presencia. Anotada la rebeldía y evaluada la prueba presentada, el Tribunal puede dictar sentencia en contra de la parte demandada y ordenar el pago de la suma adeudada.

Derechos de víctimas y testigos en
procesos judiciales e investigaciones criminales

¿Qué es una víctima?

Una víctima es una persona natural contra quien se haya cometido o sea haya intentado cometer cualquier delito contemplado en las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en las leyes de los Estados Unidos.

¿Qué es un o una testigo?

En un procedimiento judicial, ya sea civil o criminal, una persona puede ser citada para que comparezca al Tribunal como testigo y así aportar información al proceso.

¿Qué es una citación?

La citación es un documento oficial mediante el cual se le ordena a una persona que comparezca al Tribunal para que preste testimonio o presente documentos u objetos determinados; para que permita la inspección de objetos o lugares, o para que comparezca a algún lugar fuera del Tribunal con el propósito de que sea interrogada.

En la citación, se le explica al o a la testigo el propósito de su comparecencia, y puede diligenciarse por cualquier persona privada o un funcionario o una funcionaria del orden público, que incluye a los alguaciles o las alguacilas de la Rama Judicial.

La citación puede ser expedida por un Juez o una Jueza y, en algunos casos, por el Secretario o la Secretaria del Tribunal, o por un abogado o una abogada que represente legalmente a la parte que la solicita.

¿Qué sucedería si la persona incumple con la citación?

La persona citada debe comparecer al lugar que se le indique, en la fecha y la hora señalada. De lo contrario, la persona se expone a que el Tribunal ordene su arresto por desacato (delito que castiga el incumplimiento de una orden judicial) al no cumplir con la citación. En el caso de la persona citada como testigo, si esta no comparece al Tribunal por alguna razón o por desconocimiento, deberá justificar al Tribunal por qué no compareció. Además, si la persona citada como testigo sabe que no podrá comparecer, deberá notificarlo al Tribunal con antelación para que este pueda hacer los ajustes requeridos.

¿Qué sucedería si la persona citada como testigo miente al declarar?

La persona citada como testigo presta su testimonio bajo juramento o afirmación de decir la verdad. Si se comprueba que las declaraciones de la persona testigo no son ciertas y que esta conocía su falsedad, la persona se expone a un procedimiento criminal por el delito de perjurio; es decir, por ofrecer testimonio falso a sabiendas.

¿Existen normas que regulen el pago de honorarios o gastos a las personas citadas como testigos?

Sí, existen. El pago de honorarios o gastos a las personas citadas como testigos está regulado por la Ley Núm. 338 de 10 de mayo de 1947, según enmendada, y el Reglamento para fijar Honorarios, Gastos de Viaje, Dietas y Alojamiento para Jurados y Testigos en los Casos Criminales, una persona testigo puede tener derecho a solicitar honorarios, de acuerdo con los recursos presupuestarios disponibles y bajo ciertas circunstancias.

¿Qué protecciones ofrece el Estado para las víctimas y los o las testigos?

La “Carta de Derechos de las Personas Víctimas del Crimen”, creada en virtud de la Ley Núm. 22 de abril de 1988, según enmendada, establece varios derechos a favor de víctimas y testigos de delitos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Para que la persona pueda invocar estos derechos, debe cumplir con ciertos requisitos bajo la Ley Núm. 77 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como la “Ley para la Protección de Víctimas y Testigos”. La persona interesada debe acudir al Departamento de Justicia para recibir orientación.

De otra parte, el Departamento de Justicia cuenta con la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito. La Oficina atiende a las personas que son referidas por tribunales, fiscales y agencias relacionadas con el orden público, en casos que ameriten protección y servicios como víctimas o testigos.

A través de esta Oficina, el Departamento de Justicia podría proveer, entre otros servicios y, cuando las circunstancias lo ameriten, los siguientes:

  • acompañamiento al Tribunal
  • coordinación de transportación al Tribunal
  • coordinación o referidos para servicios de seguridad tales como: rondas preventivas, relocalización o albergues
  • intervención en crisis
  • orientación sobre el proceso legal
  • orientación y consejería
  • referidos a servicios psicoterapéuticos
  • referidos y coordinación para servicios provistos por otras agencias

Puede acceder a la página electrónica de la Oficina de Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia aquí https://www.justicia.pr.gov/home/secretarias-y-oficinas/servicios-a-las-victimas-y-testigos-de-delitos/.

¿Una persona podría ser acusada criminalmente por interferir con un o una testigo?

La ley prohíbe que se interfiera con los o las testigos de un caso. Por ello, hay ciertos actos que se consideran delitos:

  • amenazar a un o una testigo con causarle daño físico a este o esta, a su familia o a sus propiedades, con el propósito de que no ofrezca su testimonio
  • cometer algún fraude o engaño con el propósito de afectar el testimonio de un o una testigo
  • impedir o persuadir a un o una testigo, o a una persona que podría ser testigo, para que no comparezca o no ofrezca su testimonio

Si un o una testigo u otra persona conoce que una tercera persona está incurriendo en estas conductas prohibidas, puede acudir a la Policía de Puerto Rico o comunicarse con el Departamento de Justicia.

Si una persona tiene alguna propiedad comercial o residencial e interesa que ésta sea desocupada, puede comenzar un proceso de desahucio. Por otro lado, las personas que no son dueñas de las propiedades que ocupan podrían tener que enfrentarse a un desahucio. Sin embargo, es importante que sepan que hay un proceso judicial que se debe completar antes de que tengan que desalojar la propiedad.

¿Qué es el desahucio?

El desahucio es el proceso judicial mediante el cual la persona dueña de una propiedad, o aquella que tenga derecho sobre dicha propiedad, le solicita al Tribunal que emita una orden contra la persona que ocupa esa propiedad, ya sea inquilina o arrendataria, para que la desaloje. El proceso en estos casos es sumario, lo que significa que los términos de cada etapa son cortos.

¿Quién y en qué situaciones puede solicitar el desahucio?

Los dueños o las dueñas de la propiedad, su representante o cualquier otra persona que tenga derecho a poseer o estar físicamente en la casa, apartamento o finca, puede solicitar un desahucio cuando, por ejemplo:

  • hay falta de pago de la renta, según acordado entre las partes
  • por incumplir alguna cláusula esencial del contrato (ej. en cuanto a la cantidad de personas que ocuparán la propiedad, por tener animales, por darle a la propiedad un uso distinto al establecido en el contrato, por ruidos innecesarios o alterar la paz y causar controversias vecinales)
  • incumplimiento de un contrato federal, como son los contratos de subsidios de HUD

Como resultado del procedimiento judicial, el Tribunal puede ordenar que la persona abandone la propiedad. Sin embargo, como se trata de un procedimiento especial rápido, no se permiten añadir otras reclamaciones. Por ejemplo, que se compense por algún daño o perjuicio o que se le pague por alguna mejora, como una construcción, que se le haya hecho a la propiedad.

¿Puede la persona dueña de la propiedad desahuciar o sacar a la persona inquilina sin presentar una acción en el Tribunal?

No. Es ilegal que la persona dueña de la propiedad saque a la persona inquilina por la fuerza. La persona dueña de la propiedad tiene que presentar una demanda de desahucio ante el Tribunal y obtener una sentencia a su favor para que se realice el procedimiento de desahucio.

¿Cómo se inicia el proceso judicial y qué información debe contener la demanda?

Las peticiones de desahucio se pueden presentar de dos formas, dependiendo de la cantidad de dinero que se adeude:

  • si la cantidad no excede de $5,000 anuales, se presenta en la Sala Municipal del Tribunal correspondiente al Municipio donde ubica la propiedad
  • si la cantidad excede los $5,000 anuales, se presenta en la Secretaría Superior del Tribunal de Primera Instancia
  • si entre las partes no hubo contrato alguno, a esto se le conoce como el desahucio en precario y se atenderá en la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia

La demanda debe contener el nombre completo y dirección de la persona quien la presenta (parte demandante) y su relación con la propiedad para la cual se solicita el desahucio. Es decir, si es el o la dueño de la propiedad, un o una representante del dueño o de la dueña, u otra relación con la propiedad. Además, tiene que incluir el nombre completo de la persona contra quien se presenta la demanda y se solicita el desahucio (parte demandada) y su dirección.

En la demanda deberá explicar la razón por la cual se solicita el desahucio. Por tratarse de una demanda, incluirá además el formulario de Emplazamiento y Citación por Desahucio (OAT 972) , al cual se le debe incluir el nombre de la parte demandada y su dirección residencial.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción de desahucio?

Los requisitos son:

¿Se puede incluir en la demanda de desahucio una reclamación de cobro de dinero por concepto de cánones de arrendamiento adeudados?

Sí. El Tribunal podrá permitir que se presente una reclamación de cobro de dinero de los cánones adeudados. Si va a incluir una reclamación de cobro de dinero junto a la demanda de desahucio, debe consultar en la Secretaría del Tribunal la cantidad que deberá presentar en sellos de rentas internas. Por otro lado, en el trámite sumario de una demanda de desahucio, no se pueden incluir reclamaciones de mejoras a la propiedad.

¿Qué pasa luego de que presenta una demanda de desahucio en el Tribunal?

Tan pronto se presenta la demanda, la Secretaría del Tribunal señalará una vista dentro de los siguientes diez días laborables. La parte demandante tendrá que notificarle a la parte demandada, no menos de cinco días antes de la fecha señalada para la vista copia de la demanda y del emplazamiento-citación. Este último documento incluye la fecha de la vista. Para esta notificación, la parte demandante deberá coordinar con un emplazador privado o una emplazadora privada, o con los alguaciles o las alguacilas del Tribunal. El servicio de los alguaciles y las alguacilas para esta gestión tiene un costo de $15 en sellos de rentas internas.

Cuando la parte demandada recibe el emplazamiento y la demanda, ésta puede contestar la demanda antes de la vista, para esto puede utilizar el formulario Contestación a Demanda de Desahucio (OAT 1801), o esperar a la vista y contestar durante la misma.

El día de la vista, las partes pueden comparecer al Tribunal por derecho propio (Pro Se) o con representación legal. Las partes tendrán la oportunidad de presentar toda aquella evidencia pertinente al caso y que tengan a su favor. Cuando concluye la presentación de la prueba, el Tribunal decidirá, en una sentencia, si procede o no el desahucio.

Si la parte demandada decide no ir a la vista, se entiende que renuncia a presentar cualquier planteamiento o prueba a su favor y el Tribunal le anotará la rebeldía, lo que significa que el caso continúa su trámite sin su presencia; el Tribunal puede ver la prueba y escuchar los planteamientos de la parte demandante y tomar una decisión.

Si en la vista surge que en la propiedad a ser desalojada vive una familia que tiene insolvencia económica, el Tribunal deberá notificar copia de la sentencia al Departamento de la Familia y al Departamento de la Vivienda. Si en la vista surge que una de las personas a ser desalojadas es una persona de edad avanzada, el Tribunal notificará la sentencia a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, o si hay una persona con impedimento, se notifica a la Oficina del Procurador con Impedimentos, ahora conocido con la Defensoría de Personas con Impedimentos.

Cuando el Tribunal emite y notifica la sentencia, cualquiera de las partes que no esté de acuerdo con la decisión, tiene cinco días para apelarla en el Tribunal de Apelaciones. Si pasan los cinco días sin que alguna de las partes presente una apelación, se entiende que la sentencia es final y, de haberse decidido que procede el desahucio, la parte demandante podrá solicitar una orden de lanzamiento o desalojo. Por otro lado, si una parte decide apelar la sentencia de desahucio deberá pagar una fianza para cubrir cualquier situación que surja mientras el Tribunal de Apelaciones resuelve la apelación. Dependiendo de lo que resuelva el Tribunal de Apelaciones, se podrá solicitar o no la orden de lanzamiento.

¿Qué defensas puede tener la persona inquilina o arrendataria contra la cual se presenta una acción de desahucio?

Algunas de las defensas que puede presentar una persona que enfrenta un proceso de desahucio son:

  • conflicto de título; es decir, que ambas partes alegan tener la prueba que establece su derecho sobre la propiedad (por ejemplo, escritura de donación, testimonio bajo juramento o construcción en terreno ajeno con permiso de la persona dueña)
  • hizo los pagos necesarios y tiene prueba de los mismos (por ejemplo, recibos, giros postales, cheques cancelados, estados de cuenta y otros)
  • no hizo acción alguna que fuera contraria al contrato
  • no recibió notificación del proceso
¿Cuándo entra en vigor la sentencia de desahucio?

Si no se presenta una apelación, la sentencia es final y firme a los cinco días del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. En la sentencia, el Tribunal habrá ordenado el lanzamiento.

¿Qué es el lanzamiento?

El lanzamiento es el acto mediante el cual se desaloja físicamente a las personas que ocupan una propiedad.

¿Cuándo se podrá efectuar el desahucio o lanzamiento?

Como regla general, el lanzamiento se podrá efectuar a partir de que la sentencia sea final y firme, o sea a los cinco días del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, si no se presentó una apelación. Sin embargo, en los casos en que el Tribunal haya determinado que la familia a ser desahuciada es insolvente por no tener suficientes ingresos, el lanzamiento se podrá efectuar luego de transcurridos veinte días desde la notificación de la sentencia.

¿Qué pasa si el Tribunal determina que la familia a ser desahuciada es insolvente o no tiene suficientes ingresos?

En estos casos, el Tribunal envía inmediatamente copia de la sentencia a cada Secretario o Secretaria del Departamento de la Familia y del Departamento de la Vivienda para que le brinden ayuda a la familia afectada. El término de lanzamiento o desalojo de la propiedad será de veinte días improrrogables (no se puede extender el término), los cuales comenzarán a contarse a partir de la fecha de la notificación de la sentencia. Es decir, la parte demandada tendrá un término no mayor de veinte días para abandonar la propiedad, desde la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. El personal de esas dependencias deberá estar presente al momento del desalojo para salvaguardar la seguridad física y emocional de la familia desahuciada.

Si la parte demandada no abandona la propiedad después que el Tribunal dicte la sentencia, ¿el lanzamiento ocurrirá automáticamente cuando la sentencia sea final y firme?

No. Luego de que la sentencia sea final y firme, la persona dueña de la propiedad o la parte demandante deberá solicitar al Tribunal que emita la orden de desahucio. Podrá utilizar la Moción en Solicitud de Orden de Desahucio (OAT 1742).

¿Qué debe hacer cuando el Tribunal emita la orden de desahucio y el Secretario o la Secretaria expida el mandamiento de desahucio?

La parte demandante deberá entregar al Alguacil o a la Alguacila del Tribunal el mandamiento de desahucio y la orden correspondiente. El Alguacil o la Alguacila coordinará con la parte demandante la fecha y la hora en que se realizará el lanzamiento o desahucio.

¿Qué ocurrirá el día del desahucio o desalojo de quienes ocupan la propiedad?

El día del desahucio, el Alguacil o la Alguacila se presentará a la propiedad objeto del desahucio y sacará del lugar a los o las ocupantes. La parte demandante tendrá que estar presente. De ser necesario, la parte demandante deberá presentarse con un cerrajero o una cerrajera para permitir la entrada a la propiedad y cambiar la cerradura o el candado, para volver a tomar posesión de la propiedad. El Alguacil o la Alguacila supervisará la labor de lanzamiento de las pertenencias que efectúen las personas asignadas por la parte demandante y brindará las instrucciones.

En los casos en que el Tribunal haya determinado que la familia a ser desalojada es insolvente, el Alguacil o la Alguacila del Tribunal habrá coordinado la presencia del personal del Departamento de la Familia y del Departamento de la Vivienda.

¿El Alguacil o la Alguacila coordinará la presencia del cerrajero o de la cerrajera y el equipo para remover las pertenencias que estén en la propiedad?

No. La parte demandante será responsable de coordinar la presencia de un cerrajero o una cerrajera y de cualquier equipo necesario para remover las pertenencias de la persona que ocupa la propiedad, incluyendo al personal necesario para esta tarea. Si la parte demandante no coordina la presencia de este personal o equipo necesario para remover las pertenencias, el Alguacil o la Alguacila no procederá con el desahucio.

¿Tiene algún costo el lanzamiento o desahucio?

Sí. La parte demandante deberá verificar en la Oficina de Alguaciles y Alguacilas del Tribunal el monto total de aranceles a pagar antes del lanzamiento; es decir, la cantidad de sellos de rentas internas que deberá presentar.

 

Para desahuciar a una persona que resida en una vivienda subsidiada bajo uno de los diferentes programas que administra el Departamento de la Vivienda incluyendo Vivienda HUD o Vivienda de Sección 8, ¿se tiene que seguir el mismo procedimiento?

Las viviendas subsidiadas bajo los diferentes programas que administra el Departamento de la Vivienda tienen reglamentos que regulan el proceso de desahucio que tiene que cumplirse. Algunos de estos reglamentos exigen que se realice un procedimiento administrativo antes de que se someta la demanda de desahucio. Las partes deberán explorar si existen reglamentos que le apliquen a la vivienda.

El Alguacil o la Alguacila

¿Quién es el Alguacil o la Alguacila?

El Alguacil o la Alguacila es el funcionario o la funcionaria del Tribunal, encargado o encargada de mantener la seguridad y el orden en el Tribunal.

¿Cuáles son las funciones del Alguacil o de la Alguacila?

Además de mantener la seguridad y el orden en el Tribunal, el Alguacil o la Alguacila realiza otras funciones oficiales fuera del Tribunal, como lo son:

Diligenciar órdenes: ejecutar órdenes que emiten los jueces o las juezas durante los procesos diarios en las distintas salas del Tribunal de Primera Instancia. Es decir, realizar el trámite que ordenó el Juez o la Jueza. Para ello, en ocasiones, el Alguacil o la Alguacila debe trasladarse a la comunidad.

En gran medida, lograr impartir justicia rápidamente, depende de que el trámite y diligenciamiento de dichas órdenes se ejecute dentro de los términos estipulados, es decir, dentro del tiempo establecido, en las reglas procesales y en la legislación vigente. Para alcanzar este objetivo, se necesita una coordinación efectiva entre los o las miembros del equipo de trabajo del Tribunal, constituido por jueces o juezas, quienes emiten las órdenes; secretarios o secretarias del Tribunal, quienes llevan a cabo el trámite administrativo de estas, y los alguaciles o las alguacilas, quienes las diligencian.

Los alguaciles o las alguacilas están autorizados o autorizadas a diligenciar las siguientes órdenes del Tribunal:

  • citar a las partes involucradas en los casos
  • arrestar a una persona acusada de delito
  • emplazar a personas contra quienes se haya presentado una demanda civil
  • embargar bienes muebles e inmuebles
  • desahuciar
  • vender bienes embargados en pública subasta
  • expropiar

Laborar en las Salas de Investigaciones

El funcionario o la funcionaria del Tribunal que se encarga de instruir y orientar al público que visita la Sala de Investigaciones es el Alguacil o la Alguacila. Su labor es sumamente importante ya que, usualmente, la Sala de Investigaciones es el primer lugar del Tribunal con el que toda persona tiene contacto, ya sea como la parte o persona llamada a testificar en un proceso judicial.

Atender a los o las miembros del Jurado

El Artículo II, Sección 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone que en todo proceso por delito grave, la persona acusada tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial. El Jurado es un grupo de doce personas quienes, con instrucciones del Tribunal, evaluarán la prueba presentada durante el juicio para rendir un veredicto o una decisión de culpable o no culpable.

La seguridad de las personas que fungen como jurado está en manos del Alguacil o de la Alguacila. Una vez seleccionadas las personas que servirán como jurado, el Alguacil o la Alguacila será responsable de atenderles durante los procesos. Si algún o alguna jurado comete alguna irregularidad o violación a las reglas del Tribunal, será obligación del Alguacil o de la Alguacila notificarlo inmediatamente al Juez o a la Jueza. Si el Jurado es secuestrado, es decir, cuando se mantiene a los o las miembros del panel aislados o aisladas de todo contacto exterior, el Alguacil o la Alguacila será la persona a cargo de cumplir con las órdenes que dicte el Tribunal sobre el particular.

Custodiar y transportar confinados o confinadas

Cuando sea necesario que una persona recluida en una institución penal comparezca ante un Tribunal como testigo, o para cualquier otro asunto, el Tribunal emitirá una orden, la cual será diligenciada por un Alguacil o una Alguacila. Una vez el confinado o la confinada está bajo la custodia del Tribunal, es el Alguacil o la Alguacila el funcionario o la funcionaria responsable de velar por su seguridad.

Proveer seguridad

Los alguaciles o las alguacilas son responsables de la seguridad en los tribunales. Su labor de seguridad en los tribunales es de prevención y va dirigida a proteger la vida, la propiedad y a mantener el orden en el Tribunal. Esto incluye, proveer seguridad a todas las personas presentes en los tribunales, como lo son: los jueces o las juezas, fiscales, abogados o abogadas, partes de algún procedimiento judicial y personas que visitan las instalaciones de los tribunales.

Deberán prestar vigilancia en las entradas principales del Tribunal, salones de sesiones, salas de vistas preliminares, salas de investigaciones, vestíbulos, todas las salas y los alrededores del edificio.

Además, los alguaciles o las alguacilas también serán responsables de atender situaciones de desastres naturales y de emergencia como la toma de rehenes, motines, amenaza de explosivos, hallazgo de artefactos o paquetes extraños, alarmas de incendio, manifestaciones de protesta en el Tribunal, o en sus predios, entre otras.

El Alguacil o la Alguacila realiza otras funciones que dependen del área a la cual esté asignado o asignada. Esto se debe a que los alguaciles o las alguacilas pueden trabajar en el Tribunal de Primera Instancia, Tribunal de Apelaciones, Tribunal Supremo y la Oficina de Administración de Tribunales. Por ejemplo, los alguaciles o las alguacilas que laboran en el Tribunal Supremo, además de las funciones mencionadas, brindan seguridad durante actos de juramentación de miembros de la Judicatura o de abogados o abogadas para que puedan comenzar a ejercer como licenciados o licenciadas en Derecho; proveen vigilancia durante la administración de las reválidas de abogacía, entre otras.

¿Qué es la Unidad Especial de Alguaciles (UEA)?

La UEA es la unidad que atiende las situaciones de emergencia o circunstancias que requieren la intervención de personal especializado, bien sea por la naturaleza del caso o por las personas involucradas en el mismo.

¿Qué situaciones atienden los alguaciles o las alguacilas de la UEA?

Los alguaciles adscritos o las alguacilas adscritas a esta unidad atienden las situaciones especiales como lo son:

  • cualquier situación peligrosa o que pueda implicar algún riesgo relacionado con las funciones judiciales
  • custodia de confinados peligrosos, confinadas peligrosas, personas testigos y miembros del Jurado
  • custodia de jueces o juezas y funcionarios o funcionarias que por razón del trabajo que realizan reciben amenazas
  • desahucios en masa
  • vigilancia de edificios y propiedad pública bajo la responsabilidad de la Rama Judicial
¿Cuáles son los requisitos para ser Alguacil o Alguacila?

Los requisitos para ser Alguacil o Alguacila son:

  • debido a la naturaleza del trabajo, se realizan unas evaluaciones adicionales en el proceso de selección: evaluación psicológica, médica y de condición física
  • investigación general sobre la persona
  • poseer licencia de conducir expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
  • tener un bachillerato de una institución universitaria acreditada

El día de la vista

En esta página, se provee información que le puede ayudar si tiene que comparecer o visitar un Tribunal.

¿Cuáles son las normas de comportamiento para todas las personas que están en la Sala del Tribunal?

El Alguacil o la Alguacila del Tribunal estará pendiente de que todas las personas observen las siguientes reglas:

  • debido a la naturaleza de los procedimientos celebrados en los tribunales, se recomienda evitar asistir con menores de edad a la Sala
  • mantener el equipo electrónico, como beepers, cámaras, grabadoras, juegos electrónicos, iPods, celulares, tabletas, entre otros, apagado o en modo de silencio, salvo lo dispuesto en el Canon 15 de Ética Judicial
  • mantener el respeto y la cortesía
  • mantener silencio
  • no fumar
  • no hacer comentarios de aprobación o desaprobación
  • no ingerir comidas ni bebidas
  • no utilizar goma de mascar
  • seguir las instrucciones del Alguacil o de la Alguacila (por ejemplo, cuando instruye a ponerse de pie cuando el Juez o la Jueza entra y sale de la Sala)
  • sentarse cuando se lo indiquen
¿Qué debo hacer si me llaman a testificar o declarar en un caso?

Si a usted se le llamó para testificar o declarar en un caso, debe:

  • ubicarse donde se le indique e identificarse con su nombre y apellidos
  • prestar juramento antes de testificar, si usted va a declarar
  • decir siempre la verdad
  • dirigirse al Juez o a la Jueza por su cargo: “Juez” o “Jueza”, de manera respetuosa
  • mostrar respeto al Juez o a la Jueza, al personal del Tribunal, al abogado o a la abogada de la otra parte y a las personas presentes
  • verbalizar todas las contestaciones, salvo aquellas personas que posean algún tipo de impedimento para expresarse de forma oral ya que los procedimientos se graban para récord; por eso se tienen que escuchar sus respuestas de forma clara
  • si tiene una limitación auditiva debe informarlo al Tribunal antes del día de la citación, para que el Tribunal pueda hacer los arreglos correspondientes y ese día esté disponible la asistencia necesaria
  • utilizar un tono de voz moderado, no grite ni murmure ya que los micrófonos de la Sala no amplifican, solo graban
  • evitar hacer gestos o realizar manifestaciones que interrumpan los procedimientos, aunque no le guste lo que escucha o no esté de acuerdo con lo que se dice; mantenga la calma, no pierda la paciencia ni se incomode
  • asegurarse de que entiende cada una de las preguntas que le hacen. Si no entiende algo, pida que se lo expliquen o se lo repitan ya que no debe sentirse amenazado o amenazada o cohibido o cohibida por no entender lo que le preguntan

Si no puede asistir el día de la citación, comuníquese con el Tribunal. No comparecer sin causa justificada a una citación puede conllevar desacato al Tribunal (que es el delito que castiga el incumplimiento de una orden judicial) y podría ser arrestado o arrestada.

Si usted es parte en el caso, ¿qué debe hacer en Sala durante el proceso judicial?

Durante el proceso judicial:

  • si usted es parte, cuando el Secretario o la Secretaria de la Sala llame el caso, colóquese detrás del podio de la Sala e identifíquese con su nombre y apellidos
  • si usted es la parte demandante (quien presentó el caso) y:
    • se está representando por derecho propio, hablará primero y expondrá su solicitud y el remedio legal o la solución que solicita, de forma clara y concisa
    • tiene representación legal, será su abogado o abogada quien se dirija al Juez o a la Jueza salvo que se le solicite responder a alguna pregunta hecha por las partes o el Tribunal
  • si usted es la parte demandada y:
    • se está representando por derecho propio, cuando la parte demandante termine de exponer su solicitud, usted tendrá oportunidad de explicar su posición y argumentos, de forma clara y concisa
    • tiene representación legal, será su abogado o abogada quien se dirija al Juez o a la Jueza, salvo que se le solicite responder a alguna pregunta hecha por las partes o el Tribunal
¿Qué sucede una vez se presente toda la prueba en el caso?

Se entenderá que el caso culminó y el Juez o la Jueza podrá informar su determinación en ese momento o posteriormente.

¿Qué debe hacer si usted no está de acuerdo con la determinación del Tribunal?

De no estar de acuerdo con la determinación del Juez o de la Jueza:

  • evite realizar comentarios irrespetuosos
  • si se está representando por derecho propio, diríjase al Juez o a la Jueza respetuosamente y solicite una reconsideración; exponga los fundamentos (dígale por qué no está de acuerdo)
  • si tiene representación legal, será su abogado o abogada quien solicite la reconsideración, verbalmente en Sala o por escrito, con su consejo y consentimiento
  • si no se acoge su solicitud, podrá apelar la determinación del Tribunal, cuando la ley así lo permita
¿Qué es un emplazamiento?

Es el documento mediante el cual se notifica a la parte a la que se le hace una reclamación (parte demandada o promovida) que se presentó una demanda o petición en su contra ante el Tribunal. Además, le informa la cantidad de días que tendrá para presentar su contestación a dicha reclamación.

FORMAS DE EMPLAZAR

  1. Mediante diligenciamiento personal
¿Qué es el diligenciamiento de un emplazamiento?

Es el acto comúnmente conocido como “emplazar”, mediante el cual se entrega a la parte demandada o promovida el documento de emplazamiento con una copia de la demanda o petición.

¿Quiénes pueden diligenciar un emplazamiento?

Las personas que pueden diligenciar un emplazamiento son:

  • Alguacil o Alguacila del Tribunal
  • cualquier persona mayor de dieciocho años, que sepa leer y escribir, y que no forme parte del caso
¿Quiénes no pueden diligenciar un emplazamiento?

Las personas que no pueden diligenciar un emplazamiento son:

  • personas que sean parte en el caso
  • personas que tengan interés en el caso
  • parte demandante (persona que presenta la demanda o petición al Tribunal)
  • abogado o abogada de la parte demandante
  • parientes de la parte demandante o de su abogado o abogada
¿Cómo se diligencia un emplazamiento?

El documento de emplazamiento con la copia de la demanda o petición se entregan a la vez de la siguiente manera:

  • si la parte demandada o promovida es mayor de edad, se le entrega a esta personalmente
  • si la parte demandada o promovida es una persona menor de catorce años, se entregará a su padre o madre con patria potestad o tutor o tutora
  • si la parte demandada o promovida es un o una menor entre las edades de catorce hasta veinte años, se entregarán los documentos al o a la menor y a su padre, madre o tutor o tutora
  • si la parte demandada o promovida está incapacitada judicialmente y se le ha nombrado un tutor o una tutora, se entregarán los documentos a esta y a su tutor o tutora
  • si la parte demandada o promovida está recluida en una institución penal, se entregarán los documentos a esta y al director o a la directora de la institución 

Si la parte demandada o promovida no se encuentra entre las categorías mencionadas, la parte demandante deberá contratar los servicios de un abogado o una abogada para que realice los trámites del diligenciamiento del emplazamiento.

¿Cuántos días tiene la parte demandante para diligenciar un emplazamiento?

La parte demandante tiene que diligenciar un emplazamiento dentro del término de ciento veinte días, contados a partir de la fecha en que se presentó la demanda o petición en la Secretaría del Tribunal.

De no emplazarse en el término provisto, el Juez o la Jueza ordenará la desestimación y archivo del caso sin perjuicio. Esto significa que la persona que presentó la demanda o petición podría volver a presentarla.

¿Qué tiene que hacer la persona que diligenció el emplazamiento después de entregarle el documento a la persona emplazada?

La persona que haga el diligenciamiento; es decir, la persona que entregue el documento de emplazamiento con copia de la demanda o petición, debe completar o llenar los blancos correspondientes en la parte posterior del emplazamiento. Además, debe declarar bajo juramento ante un abogado notario o una abogada notaria o ante uno de los secretarios o una de las secretarias de cualquier Tribunal, que la información provista en el documento sobre el diligenciamiento es verdadera y correcta.

Una vez juramentado, el documento se entrega en la Secretaría del Tribunal ante el cual se presentó el caso como constancia de que el emplazamiento se diligenció. Esta gestión debe hacerse dentro del mismo término de días que tiene la parte demandada para contestar la demanda o petición.

¿Realizar el juramento sobre el diligenciamiento del emplazamiento en la Secretaría del Tribunal tiene algún requisito o costo?

Para juramentar el emplazamiento en alguna Secretaría de los tribunales se necesita presentar una identificación vigente con foto y se requiere un sello de rentas internas de $5.00.

¿Qué es un diligenciamiento negativo?

Es cuando no se le puede entregar el documento del emplazamiento, con copia de la demanda o petición, a la parte demandada o promovida.

  1. Mediante solicitud de renuncia al emplazamiento
¿Qué es una renuncia al emplazamiento?

La parte demandante o promovente puede solicitarle a la parte demandada o promovida que renuncie al emplazamiento. Si la parte demandada o promovida no renuncia al emplazamiento, la parte demandante deberá emplazarla personalmente o por edicto. Este mecanismo no se puede utilizar para emplazar a menores; incapaces; al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, corporaciones, instrumentalidades, municipios o funcionarios públicos o funcionarias públicas en su carácter oficial o personal.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la renuncia al emplazamiento personal?

La parte demandante debe notificar por escrito a la parte demandada que se ha presentado una reclamación en su contra y solicitarle que renuncie a ser emplazada.

Para ello deberá:

  • enviar a la parte demandada o a la persona autorizada por esta, por correo certificado con acuse de recibo y entrega restringida: el formulario Notificación de Demanda y Solicitud de Renuncia al Emplazamiento (OAT 1579), en original y una copia; un sobre predirigido, y una copia de la demanda con el ponche del Tribunal que indica la fecha y hora en que fue presentada
  • notificar cuáles son las consecuencias legales de cumplir o no con la solicitud de renuncia
  • informar que si la persona acepta la renuncia deberá firmar la solicitud aceptando que esta fue voluntaria y no como producto de imposición o violencia, y devolverla dentro del término de veinte días desde la fecha en que se envió la solicitud, o de treinta días desde la fecha en que se envió la solicitud si la parte demandada se encuentra fuera de Puerto Rico
¿Cuáles son las consecuencias de no completar la solicitud de renuncia al emplazamiento personal en el término establecido?

Si la parte demandada no devuelve la solicitud completada en el término establecido, el Tribunal le impondrá el pago de los gastos en que haya incurrido la parte demandante en el diligenciamiento del emplazamiento, a menos que esta demuestre justa causa para no completar la solicitud. Además, pagará los gastos de honorarios de abogado o abogada por la preparación de la moción donde se solicita el pago por los gastos de emplazamiento.

¿Qué tengo que hacer si la parte demandada completa la solicitud de renuncia al diligenciamiento y la envía no más tarde de la fecha límite establecida?

La parte demandante presentará la solicitud de renuncia completada por la parte demandada en la Secretaría del Tribunal en donde presentó la demanda o petición.

  1. Mediante emplazamiento por edicto
¿Cuándo se debe emplazar por edicto?

Si la parte demandada o promovida está fuera de Puerto Rico, no renunció al diligenciamiento del emplazamiento personal y se desconoce dónde vive o se esconde, esta deberá emplazarse por edictos.

Para realizar el emplazamiento por edictos, se recomienda que la parte demandante contrate los servicios de un abogado o una abogada, debido a que dicho proceso es altamente técnico.

¿Qué es un exequátur?

La Regla 55 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, define el procedimiento de exequátur como el “procedimiento de convalidación y reconocimiento judicial de una sentencia de otra jurisdicción por los tribunales del foro donde se pretende hacer efectiva”. Es decir, este es el mecanismo que permite que una sentencia que no fue emitida en Puerto Rico sea válida en nuestra jurisdicción.

Tanto las sentencias emitidas en un país extranjero, como emitidas en cualquier jurisdicción de Estados Unidos (EE.UU), deben validarse mediante el procedimiento de exequátur. Este procedimiento no permite volver a discutir o atender la sentencia que se pretende validar, sino que solo permite reconocer la sentencia de un Tribunal fuera de Puerto Rico.

¿Cuáles son los requisitos de un exequátur?

Para que una sentencia emitida en una jurisdicción de EE.UU. sea válida en Puerto Rico, debe cumplir con los requisitos siguientes:

  • dictada por un Tribunal competente y con jurisdicción (autoridad) sobre la persona y sobre el asunto que sea objeto de esta la haya dictado
  • emitida por un el Tribunal que haya observado el debido proceso de ley
  • no se haya sido obtenida mediante fraude

Si se trata de sentencias emitidas en tribunales extranjeros, se deben cumplir los requisitos desglosados y, además, con los siguientes:

  • el sistema bajo el cual se dictó la sentencia se distinga por su imparcialidad y por la ausencia de prejuicio contra una persona extranjera
  • el sistema no sea contrario al orden público
  • la sentencia no sea contraria a los principios básicos de la justicia
¿Cuáles son algunos de los criterios que deben considerarse antes de presentar solicitud o demanda de exequátur?

(a) Si es un procedimiento de validación de una sentencia de adopción o una sentencia de cambio de nombre, deberá asegurarse que la sentencia emitida por el Tribunal extranjero o por alguna jurisdicción de EE.UU. ordene dicho cambio de nombre y su inscripción en el Registro Demográfico. Si la sentencia no contiene esa determinación, deberá solicitarse las enmiendas pertinentes a esos fines en la jurisdicción donde se emitió la sentencia, antes de solicitar un procedimiento de exequátur en Puerto Rico.

(b) Se podrá presentar un procedimiento de exequátur por derecho propio o a través de una representación legal. De tener representación legal, debe ser un abogado admitido o una abogada admitida a ejercer la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ahora bien, si es un abogado o una abogada que tenga la autorización para ejercer la abogacía en alguna jurisdicción de los EE.UU., podrá solicitar una admisión de cortesía al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Para conocer cómo llevar a cabo este proceso, se recomienda que consulte la Regla 12 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

(c) Quien litiga por derecho propio puede solicitar que se le envíen todas las notificaciones del caso de exequátur por correo electrónico, enviando el formulario Solicitud del(de la) Litigante por Derecho Propio para la Notificación a través de Correo Electrónico (OAT 1844) a la Secretaría del Tribunal donde se atiende su caso.

¿Cuáles son los pasos para solicitar un procedimiento de exequátur en los tribunales de Puerto Rico?

PASO 1: PRESENTAR UNA DEMANDA O SOLICITUD EX PARTE

La parte con interés tiene dos opciones:

  • presentar una demanda contra todas las demás personas afectadas por la sentencia de otra jurisdicción, cuya convalidación y reconocimiento se solicita
  • presentar una solicitud ex parte, suscrita bajo juramento por todas las personas afectadas por la sentencia de otra jurisdicción cuya convalidación y reconocimiento se solicita.

Para esto, se puede presentar la petición por derecho propio y utilizar como modelo los formularios relacionados al procedimiento de exequátur para una sentencia de adopción: formulario Demanda para la Convalidación y el Reconocimiento de una Sentencia Emitida por un Tribunal de Estados Unidos de América (Exequátur) en los Casos de Adopción (OAT 1847) y formulario Petición para la Convalidación y el Reconocimiento de una Sentencia Emitida por un Tribunal de Estados Unidos de América (Exequátur) en los Casos de Adopción (OAT 1846).

Sobre la juramentación de la petición, esta puede ser efectuada por un o una County Clerk, siempre y cuando se acompañe una certificación de que este funcionario o esta funcionaria tiene la autorización para efectuar dicha juramentación en la jurisdicción correspondiente.

PASO 2: ESCOGER EL TRIBUNAL EN EL QUE SE PRESENTARÁ LA DEMANDA O PETICIÓN

La demanda debe presentarse en el Tribunal del lugar donde tendrá efecto la validación de la sentencia. Por ejemplo:

  • si se trata de la validación de una adopción de una persona menor de edad nacida en Puerto Rico pero que se llevó a cabo en otra jurisdicción, el Tribunal que atenderá esta demanda o solicitud será el Tribunal del Municipio donde nació la persona menor de edad adoptada
  • si se trata de una validación de un divorcio efectuado en otra jurisdicción que tendrá el efecto de liquidar la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, el Tribunal con competencia será el Tribunal del Municipio donde se encuentran los bienes

Para verificar el Tribunal en el que se debe presentar la demanda o solicitud, puede acceder el Directorio telefónico del Poder Judicial, organizado por regiones judiciales.

PASO 3: PAGO DE ARANCELES

Esta demanda o solicitud deberá estar acompañada del pago de $90.00 en Sellos de Rentas Internas. Si tiene representación legal, su abogado o abogada podrá realizar el pago por el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). Si se representa por derecho propio, puede adquirir los sellos correspondientes con Colecturía Digital, comunicándose al (787) 354-9469 o enviar un correo electrónico a servicioalcliente@colecturiadigital.com.

PASO 4: DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA DEMANDA O SOLICITUD

La demanda o solicitud debe estar acompañada de los documentos siguientes:

  • copia certificada, legible y completa de la sentencia cuya convalidación y reconocimiento se solicita
  • traducción fiel y exacta al idioma español de la sentencia, en caso de no haber sido redactada originalmente en español o en inglés (si está redactada en inglés, se puede presentar en inglés)

Además, será necesario que se presenten documentos adicionales, de acuerdo con la demanda o solicitud que se presenten al Tribunal en Puerto Rico. A continuación, se incluyen los ejemplos más frecuentes de los documentos que se deben presentar según el caso:

  • divorcio: Acta de matrimonio
  • adopción: Acta o Certificado de nacimiento de la persona menor de edad; acta de matrimonio de las personas adoptantes (si están casadas); documentación que sustente cada uno de los requisitos del exequátur que surgen en la segunda pregunta de esta página; Certificación del o de la County Clerk, si aplicara
  • cambio de nombre: Acta de nacimiento; Certificado de antecedentes penales en Puerto Rico y de la jurisdicción donde reside; Certificación de trabajo; copia de los documentos que ha tramitado con el nombre que pretende cambiar

PASO 5-NOTIFICACIÓN

La demanda o la solicitud ex parte deberá notificarse a las personas siguientes:

  • todas las personas afectadas por la sentencia cuya convalidación y reconocimiento se solicita
  • Procurador o Procuradora de Asuntos de Familia (Departamento de Justicia de Puerto Rico), en todos los casos en que puedan afectarse los intereses de personas menores de edad o incapacitadas
  • Ministerio Público (Departamento de Justicia de Puerto Rico), en todos los casos en que, a los fines de lograr su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, se solicite la convalidación de las sentencias relacionadas con las reclamaciones judiciales
  • Secretario o Secretaria de Justicia de Puerto Rico, en todo caso en que, a juicio del Tribunal de Puerto Rico, se trate de un asunto de máximo interés público para que pueda comparecer en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Para más información sobre el Departamento de Justicia, puede acceder a: http://www.justicia.pr.gov/.

Si alguna de estas vive en Puerto Rico, puede ser emplazada a través de la Oficina de Alguacilazgo del Tribunal donde se presentó la demanda o petición, con el pago de los aranceles correspondientes ($30.00 en Sellos de Rentas Internas) y millaje ($3.00 por milla; debe comunicarse primero con la Oficina de Alguacilazgo para determinar la cantidad de millas que requerirá). Para saber cómo realizar el pago de aranceles, puede referirse al paso 3.

PASO 6: SOLICITUD DE UNA VISTA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS

De ser necesaria una vista para este procedimiento, la persona con interés puede solicitar en la misma demanda o en la solicitud ex parte que la vista se lleve a cabo a través del sistema de videoconferencias. Quedará a discreción del Tribunal conceder esta solicitud.

Fianza

En Puerto Rico, toda persona arrestada por la supuesta comisión de un delito grave o menos grave con derecho a juicio por jurado, tiene el derecho constitucional a prestar una fianza para permanecer en libertad hasta que se le celebre juicio y se dicte sentencia. Este derecho existe porque en nuestro sistema de justicia toda persona es considerada inocente hasta que se le pruebe lo contrario. La fianza no puede utilizarse como un castigo, porque su único propósito es garantizar que la persona arrestada comparezca al Tribunal cada vez que sea citada.

Además de la fianza, o en sustitución de esta, el Tribunal le puede imponer a la persona una serie de condiciones que debe cumplir. La cantidad y las condiciones dependerán de las circunstancias de cada caso. Si la persona no cumple las condiciones, el Tribunal puede ordenar su arresto. Luego de que se impone la fianza, la persona arrestada tiene que prestarla. De lo contrario, se expone a ser ingresada en una institución correccional.

¿Cómo se presta la fianza?

La fianza se puede prestar de distintas formas:

  • pago efectivo
  • pago en efectivo de un porciento de la fianza, más una obligación personal por la porción no pagada
  • fianza hipotecaria: ofrecer en garantía del pago alguna propiedad inmueble, como lo puede ser una vivienda, un edificio o terreno
  • compañía de fianzas: en este caso, la persona arrestada o una tercera persona contrata a una compañía autorizada a prestar fianzas en Puerto Rico; dicha compañía se encarga de pagar la fianza
Una vez impuesta la fianza, ¿se puede aumentar o reducir?

La persona arrestada puede solicitar la revisión de la fianza impuesta por el Tribunal. Cuando se solicita la rebaja, el Tribunal debe celebrar una vista para examinar las justificaciones y escuchar la opinión del o de la Fiscal.

De la misma forma que la persona arrestada puede solicitar una rebaja, el o la Fiscal puede solicitar un aumento si considera que las circunstancias del caso lo justifican. Igualmente, puede solicitar que el Tribunal imponga condiciones adicionales a la fianza o que modifique las condiciones ya impuestas.

¿Qué ocurre si la persona no comparece ante el Tribunal? Y, ¿si comparece?

Como la fianza es una garantía de que la persona arrestada va a comparecer ante el Tribunal, si esta no comparece en cualquier fecha para la cual haya sido citada, el Tribunal puede retener la fianza. A esto se le conoce como la confiscación de la fianza. 

Si la persona arrestada comparece en todas las fechas en las cuales haya sido citada al Tribunal, la persona que prestó la fianza (fiador o fiadora) puede solicitar su devolución.

Si una persona convicta apela su convicción, ¿se puede solicitar fianza?

Si la persona arrestada es declarada convicta y desea apelar la sentencia condenatoria ante el Tribunal de Apelaciones o ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, puede solicitar al Tribunal que dictó dicha sentencia que le imponga una fianza para mantenerse en libertad durante el proceso apelativo. En este caso, sin embargo, la fianza no es un derecho de carácter constitucional, pues ya no opera la presunción de inocencia. Por lo tanto, el Tribunal que dictó la sentencia tiene discreción para fijar una fianza o para no hacerlo.

Litigación en estado de indigencia

Personas que interesen litigar pero, por razones económicas, no tienen los recursos pueden solicitar la litigación en Estado de Indigencia. En términos generales, la presentación o contestación de una acción civil requiere el pago de derechos arancelarios. No obstante, la ley concede a los tribunales la discreción para eximir del pago de dichos derechos a aquellas personas indigentes que así lo soliciten porque no cuentan con los recursos necesarios para sufragar los costos ordinarios de iniciar una acción civil o de presentar su defensa cuando son demandadas. Estas peticiones se denominan generalmente como solicitudes in forma pauperis, frase proveniente del latín, que significa “con carácter de pobre” o “por razones de pobreza”.

El procedimiento para la “Petición in forma pauperis” es el siguiente:

  1. La persona interesada debe acudir a la Secretaría del Tribunal a los fines de hacer una declaración jurada en la que exponga que no posee los medios económicos para pagar los derechos arancelarios que se le requieren para poder litigar en el Tribunal. El Secretario o la Secretaria del Tribunal tiene autoridad para tomar este tipo de declaración jurada libre de costo. Para facilitar la presentación de la solicitud y la evaluación por parte del Tribunal de Primera Instancia, se puede utilizar los  formularios Solicitud para que se exima de pago de arancel por razón de pobreza (OAT 1480) y Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In forma Pauperis) (OAT 1481), disponibles en las secretarías de los tribunales o en los Centros Pro Se.
  2. Una vez juramentada la petición, el Secretario o la Secretaria debe referir el asunto a la atención de un Juez o una Jueza. Este o esta puede requerir de la persona que solicita cualquier otra información que considere necesaria para determinar si autoriza la solicitud y, en el ejercicio de su discreción, podrá celebrar una vista para la consideración de la petición.
  3. Si el Tribunal autoriza la petición in forma pauperis, el Secretario o la Secretaria procederá de conformidad con la orden y la persona podrá litigar como si hubiese pagado los derechos arancelarios. En caso de que la solicitud sea denegada, el Tribunal expondrá por escrito las razones para dicha determinación.

Maltrato de menores

 Para materiales relacionados

La Ley Núm. 246-2011, según enmendada, conocida como la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, busca proteger a las personas menores de edad y velar por su bienestar. Por eso, prohíbe el maltrato y la negligencia contra las personas menores de dieciocho años.

¿Qué es el maltrato de menores?

Se considera maltrato de personas menores de edad toda acción u omisión intencional del padre, la madre o persona responsable del o de la menor que ocasione o ponga en riesgo de sufrir un daño o perjuicio a su salud e integridad física, mental o emocional.

Además, se considera maltrato:

  • incurrir en conducta obscena frente a una persona menor de edad o utilizarla para realizar conducta obscena, según definida por la ley
  • permitir que otra persona ocasione o ponga en riesgo de sufrir daño o perjuicio a la salud e integridad física o emocional de la persona menor de edad
  • abandonar voluntariamente a la persona menor de edad
  • explotar o permitir que otra persona explote a la persona menor de edad incluyendo, pero sin limitarse a utilizarla para ejecutar conducta obscena, con el fin de lucrarse o de recibir algún otro beneficio
  • incurrir en conducta que, de procesarse criminalmente, sería considerada delito contra la salud e integridad física, emocional o mental, incluyendo abuso sexual de la persona menor de edad o trata humana
  • realizar frente a la persona menor de edad conducta definida como violencia doméstica, conforme lo establece la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”
¿Qué es el maltrato institucional?

Se considera maltrato institucional cuando a una persona menor de edad, que está bajo el cuido de un hogar de crianza o en una institución pública o privada, se le causa daño o se pone en riesgo de sufrir daño a su salud e integridad física, mental y/o emocional.

El maltrato institucional, ya sea conocido o que se sospeche que ocurre, o que sucede como resultado de la política, prácticas y condiciones imperantes en un hogar de crianza o en una institución pública o privada, lo puede cometer:

  • operador o operadora de un hogar de crianza
  • cualquier empleado, empleada, funcionario o funcionaria que ofrezca servicios de cuido o que tenga bajo su control o custodia a una persona menor de edad para su cuido, educación, tratamiento o detención

El daño o riesgo de sufrir daño incluye, pero no se limita a:

  • abuso sexual
  • trata humana
  • conducta obscena o utilización de una persona menor de edad para ejecutar conducta obscena
  • explotación de una persona menor de edad o que se permita que otra persona lo explote, incluyendo pero sin limitarse a utilizarla para ejecutar conducta obscena, con el fin de lucrarse o de recibir algún otro beneficio
¿Qué es la negligencia de menores?

Es un tipo de maltrato que consiste en no cumplir con la obligación de proveerle a las personas menores de edad de manera adecuada los alimentos, ropa, albergue, educación, atención a su salud, poca supervisión, no visitar al o a la menor, entre otros.

¿Qué es la negligencia institucional?

La negligencia institucional es cuando a una persona menor de edad, que está en un hogar de crianza o en una institución pública o privada, se le cause daño o se ponga en riesgo de sufrir daño a su salud e integridad física, mental o emocional, incluyendo, pero sin limitarse a abuso sexual. La negligencia institucional, ya sea conocida o que se sospeche que ocurre, o que ocurre como resultado de la política, prácticas y condiciones imperantes en un hogar de crianza o una institución pública o privada, lo puede cometer:

  • operador o operadora de un hogar de crianza
  • cualquier empleado, empleada, funcionario o funcionaria que ofrezca servicios de cuido o que tenga bajo su control o custodia a una persona menor de edad para su cuido, educación, tratamiento o detención
¿Qué es abuso sexual de una persona menor de edad?

El abuso sexual de personas menores de edad es incurrir en conducta sexual en presencia de un o una menor o que se utilice, voluntaria o involuntariamente, para ejecutar conducta sexual dirigida a satisfacer los deseos sexuales.

¿Cómo identificar una situación de posible abuso sexual de personas menores de edad?

Algunos indicadores que podrían dar indicios del posible abuso sexual de personas menores de edad son:

  • dolor, picazón, enrojecimiento o sangre en el área genital
  • aumento en pesadillas o la persona menor de edad moja su cama con más frecuencia
  • comportamiento introvertido o tímido fuera de lo común o la apariencia de estar en trance
  • explosiones de ira o cambios bruscos de humor
  • pérdida de apetito o dificultad para tragar
  • ansiedad o depresión
  • querer evitar ciertas personas o lugares de pronto y sin explicaciones
  • conocimientos sobre asuntos, lenguaje o comportamientos sexuales inusuales.
¿Qué puede hacer si descubre o sospecha que una persona menor de edad es víctima de maltrato, negligencia o abuso sexual?

Cualquier persona que sepa o sospeche que una persona menor de edad es víctima de maltrato o negligencia debe llamar inmediatamente a la Línea Directa de Maltrato del Departamento de la Familia al (787) 749-1333 y haga el referido que corresponda, o al Sistema de Emergencias 9-1-1

¿Qué puede hacer si descubre o sospecha que una persona menor de edad es víctima de maltrato o negligencia institucional?

Cualquier familiar o persona interesada, así como médico, maestro, maestra, funcionario o funcionaria de la institución en que se encuentre o esté en tratamiento la persona menor de edad, trabajador o trabajadora social, o técnico o técnica de Servicios a la Familia del Departamento de Familia, informará de tal hecho a la Línea Directa de Maltrato del Departamento de Familia, la Policía de Puerto Rico o  la oficina local del Departamento de Familia para que, luego de realizar la investigación correspondiente, se inicie el procedimiento de emergencia establecido por ley.

¿Cuáles derechos tienen las personas menores de edad en casos de maltrato y negligencia?

Los derechos de las personas menores de edad en los casos de maltrato y negligencia son:

  • ser escuchadas en el tribunal si su edad y su capacidad lo permiten
  • recibir una ubicación adecuada
  • relacionarse con su madre, padre o persona encargada, si no es contrario a su bienestar
  • relacionarse con sus hermanos o hermanas
  • recibir servicios médicos, educativos, psicológicos y sociales según sean requeridos
  • conocer lo que ocurre en su caso
  • ser entrevistadas y visitadas
¿Qué remedios hay en casos de maltrato y negligencia hacia personas menores de edad?

Algunos remedios son:

  • órdenes de protección
  • remoción o reubicación de la persona menor de edad
  • asignación de custodia provisional
  • peticiones para que no se interfiera con investigaciones de maltrato
¿Qué son las órdenes de protección?

Son medidas y condiciones que establece el Tribunal y le prohíben a una persona algunas conductas para proteger a la persona que la solicita. Estas se establecen en un proceso civil que no afecta el historial criminal de la otra persona ni requiere presentarle cargos criminales.

¿Quiénes pueden solicitar una orden protección a favor de una persona menor de edad, al amparo de la Ley Núm. 246-2011?
  • Papá
  • Mamá
  • Director o Directora Escolar
  • Maestro o Maestra
  • Agente del orden público
  • Procurador o Procuradora de Menores
  • Procurador o Procuradora de Asuntos de Familia
  • Fiscal
  • Personal autorizado del Departamento de la Familia 1
  • Trabajador o Trabajadora Social Escolar
  • Familiar de la persona menor de edad
  • Persona responsable por la persona menor de edad
¿Cuál es el proceso presencial para solicitar una orden de protección a favor de una persona menor de edad, al amparo de la Ley Núm. 246-2011?
  1. Al llegar al Tribunal, informe al personal de seguridad que quiere solicitar una orden de protección a favor de una persona menor de edad. Allí, le dirigirán al Área de Menores o a la Sala de Investigaciones, donde un Alguacil o una Alguacila le entregará el formulario Petición de Orden de Protección Maltrato a Menores (OAT 1326).
  2. Complete el formulario y entréguelo al Alguacil o a la Alguacila, quien notificará al Coordinador o a la Coordinadora del Proyecto Justicia para la Niñez que se está solicitando una orden de protección.
  3. El Coordinador o la Coordinadora le recibirá y verificará que el formulario esté completado. Si faltara alguna información, así se lo hará saber para incluirla, pero si no la tiene disponible, puede hacerlo constar en el formulario.
  4. El Coordinador o la Coordinadora registrará el ponche de la Sala de Investigaciones en el formulario con la fecha y la hora de presentación de la solicitud. Luego, entregará el formulario registrado al Alguacil o a la Alguacila, quien a su vez lo facilitará al Juez o a la Jueza que presidirá la vista.
  5. Durante la vista, el Juez o la Jueza podrá evaluar si hay elementos de maltrato o negligencia que amerite referir el asunto al Departamento de la Familia. Si se determina que se necesita el referido, el Juez o la Jueza notificará a dicha agencia.Además, el Juez o la Jueza podrá solicitar que el Coordinador o la Coordinadora esté presente durante la vista si las circunstancias requieren la coordinación de servicios externos al Poder Judicial, o algún referido.
  1. Culminada la vista, las partes saldrán de la Sala y esperarán a que le entreguen los documentos con la determinación del Juez o de la Jueza, que pueden ser: 1) una orden de protección provisional y una citación; 2) una citación o 3) una Resolución.
  2. Una vez le entreguen los documentos, las partes que fueron al Tribunal podrán retirarse.

Actualmente, existe un procedimiento para que las personas puedan presentar solicitudes de órdenes de protección electrónicamente, sin necesidad de acudir físicamente al Tribunal o cuartel de la Policía. Si escoge utilizar esta alternativa, puede obtener más información en la página de Solicitud electrónica de órdenes de protección y otros asuntos urgentes a nivel municipal durante emergencia por COVID-19.

 

¿El Tribunal puede emitir una orden de protección a menores de forma ex parte (sin citar o escuchar a la parte contra quien se pide la orden)?

Sí. El Tribunal podrá expedir una orden de protección ex parte si determina que:

  • se han hecho gestiones de forma diligente para notificar a la parte contra quien se pide la orden y no se ha tenido éxito;
  • existe la probabilidad de que, al dar notificación previa a la parte contra quien se pide la orden, provocará el daño irreparable que se intenta prevenir, o
  • cuando la parte solicitante demuestre que existe una probabilidad sustancial de riesgo inmediato de maltrato o de ser víctima de cualquier delito.

Las órdenes de protección expedidas de manera ex parte tendrán carácter provisional y deberán notificarse inmediatamente a la parte contra quien se pide la orden. La parte contra quien se pide la orden tendrá la oportunidad de oponerse en la vista que señalará el Tribunal dentro de los próximos cinco días de haberse expedido la orden ex parte. Durante esta vista, el Tribunal podrá dejar sin efecto la orden, modificarla o extenderla por el término que estime necesario.

¿Qué puede hacer el Juez o la Jueza al recibir la solicitud de orden de protección?
  • NO CONCEDER Y ARCHIVAR

Si el Juez o la Jueza no concede la orden, el caso se archiva y termina el proceso.

  • CONCEDER UNA ORDEN PROVISIONAL Y CITAR A UNA VISTA

Dependiendo de varios factores, el Juez o la Jueza podrá conceder una orden de protección ex parte; es decir, sin que esté la parte peticionada (contra quien se solicitó la orden), y citará a una vista final dentro de los cinco días siguientes a menos que la parte peticionada solicite que se posponga.

  • CITAR A UNA VISTA

El Juez o la Jueza citará a las partes dentro de las cuarenta y ocho horas luego de presentarse la solicitud. Además, la citación se notificará a la parte peticionada dentro de las veinticuatro horas luego de presentarse la solicitud.

¿Qué puede ocurrir en la vista en cuanto a la solicitud de orden de protección?
  • NO CONCEDER

El Juez o la Jueza podrá conceder una orden final de cualquiera de las siguientes formas:

  1. no conceder la orden y archivar el caso, lo que termina el proceso, o
  2. dejar sin efecto una orden provisional (ex parte) ya expedida.
  • CONCEDER

El Juez o la Jueza podrá conceder una orden final de cualquiera de las siguientes formas:

  1. conceder una orden final contra la parte peticionada, con las medidas y prohibiciones para proteger a la persona menor de edad, o
  2. extender una orden provisional (ex parte) ya expedida.
¿Qué medidas puede establecer el Juez o la Jueza?

El Juez o la Jueza podrá conceder una orden final de cualquiera de las siguientes formas:

  • dar la custodia provisional de la persona menor de edad a otra parte, que la ley permita, y no sea la parte peticionada
  • que la parte peticionada:
    • desaloje la residencia que comparte con la persona menor de edad
    • no moleste, hostigue, persiga, intimide, amenace ni interfiera con la custodia provisional concedida para la persona menor de edad
    • pague renta o hipoteca de la propiedad donde reside la persona menor de edad, si se le ordenó desalojarla, o pague pensión alimentaria si existe esa obligación
    • participe de programas y tratamientos para cesar su conducta abusiva contra la persona menor de edad
    • pague programas y tratamiento para la persona menor de edad víctima del abuso o negligencia
  • cualquier otra medida que el Juez o la Jueza considere necesaria y que permita la Ley Núm. 246-2011
¿Qué contiene la orden de protección?
  • La fecha y hora en que el Juez o la Jueza expidió la orden;
  • las medidas y los remedios establecidos por el Juez o la Jueza, incluyendo lo que la parte peticionada debe o no debe hacer;
  • el período de vigencia de la orden de protección, es decir, cuánto tiempo durará y
  • la advertencia a la parte peticionada de que si incumple la orden, puede constituir desacato al Tribunal y exponerla a:
    • cárcel,
    • pago de multa o
    • ambas a discreción del Juez o de la Jueza).

Si la orden se concedió ex parte, además de lo anterior, la orden de protección incluirá:

  • la fecha y hora de su expedición;
  • la fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista para determinar si la orden se deja sin efecto o se extiende, y
  • las razones para haberla concedido de esa forma.
Se concedió la orden de protección, ¿qué ocurre ahora?

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a que el Juez o la Jueza expida la orden, esta se notificará simultáneamente a las siguientes personas y lugares:

  • Papá
  • Mamá
  • Persona encargada de la persona menor de edad
  • Departamento de la Familia
  • Oficina de los Procuradores y Procuradoras de Familia de la Región Judicial correspondiente
  • Procurador o Procuradora de Asuntos de Familia
  • Cuartel de la Policía más cercano a la residencia de la persona menor de edad;
  • Tribunal de Primera Instancia, la Sala de Relaciones de Familia o la Sala de Asuntos de Menores
  • Parte peticionada para que tenga conocimiento de lo que el Juez o la Jueza le ha ordenado y prohibido.

Es importante tener en cuenta lo siguiente:

  • Es un procedimiento de naturaleza civil, no criminal.
  • El proceso no exime a la parte peticionada de cualquier proceso criminal u otro proceso civil que se pueda iniciar en su contra por la conducta alegada.
  • Incumplir con las órdenes del Juez o de la Jueza constituye un delito grave de cuarto grado y desacato al Tribunal, lo que conlleva pago de multa, cárcel, o ambas penas a discreción del Juez o de la Jueza.
  • La Ley Núm. 158-2013 creó los Centros de Servicios Integrados a menores víctimas de abuso sexual. Su objetivo es coordinar la investigación interagencial de referidos sobre la alegación de abuso sexual contra menores; y proveer tratamiento a menores víctimas y miembros de su núcleo familiar.
¿Cómo se notificará la orden de protección a menores a la parte contra quien se expidió?

Toda orden de protección se notificará personalmente; es decir, se entregará a la mano, a la parte contra quien se expidió, ya sea a través de un Alguacil, una Alguacila, oficial del orden público, o cualquier persona mayor de dieciocho años que no sea parte del caso.

¿Qué ocurre si una persona incumple la orden de protección a menores?

El incumplimiento de una orden de protección se considera un delito grave, según definido por el Código Penal. Este fue enmendado en el 2012, por lo que las consecuencias de incumplir una orden de protección dependerán de cuándo ocurrieron los hechos:

  • hechos ocurridos antes del 1ero de septiembre de 2012: pena de reclusión que fluctúa entre seis meses y un día, y tres años
  • hechos ocurridos en o luego del 1ero de septiembre de 2012: pena de reclusión fija de dos años, o pena de multa que no excederá de $10,000.00, o ambas, según lo determine el Tribunal

Representación por derecho propio

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir para poder autorrepresentarse?
  1. No estar representado o representada por un abogado o una abogada.
  2. Tomar la decisión de autorrepresentarse de forma voluntaria e inteligente, y con pleno conocimiento de la responsabilidad que esto conlleva y de que será tratado o tratada como cualquier otra parte representada por abogado o abogada.
  3. Poder representarse de manera adecuada, de acuerdo con lo complicado de la controversia presentada ante el Tribunal.
  4. Tener los conocimientos mínimos necesarios para defender sus intereses, cumplir con las reglas procesales (las normas que establecen cómo se desarrolla el procedimiento en el Tribunal, por ejemplo, Reglas de Procedimiento Civil, Reglas de Evidencia, entre otras) y presentar el derecho sustantivo aplicable (la base o el fundamento legal que aplica a la reclamación).
  5. Que la autorrepresentación no cause un atraso indebido o una interrupción de los procedimientos ni atente contra la dignidad del Tribunal, las partes o sus abogados o abogadas.
¿Cuándo puede solicitar autorrepresentarse?

Se puede solicitar antes o durante el procedimiento judicial. Si ya el procedimiento ha comenzado, además de cumplir con los requisitos anteriores, deberá solicitar al Tribunal la autorización para autorrepresentarse, y cumplir con los criterios siguientes:

  1. solicitar oportunamente (es decir, por el momento en que fue presentada, la solicitud no cause demoras, retrasos, posibles interrupciones o cualquier efecto negativo sobre la sana administración de la justicia; esta determinación la hará el Tribunal), y
  2. solicitar de manera expresa e inequívoca (sin duda alguna) al Tribunal el interés de comenzar a autorrepresentarse.
¿Qué otros datos importantes debe conocer?
  • El Juez o la Jueza se asegurará de que usted cumple con estos requisitos durante todo el proceso.
  • El incumplimiento con alguno de los requisitos antes mencionados, será causa justificada para que el Tribunal le suspenda el permiso para autorrepresentarse.
  • Si el Tribunal le suspende el permiso para autorrepresentarse, le ordenará que en determinado plazo comparezca representado o representada por abogado o abogada.
  • Si usted opta por autorrepresentarse, el Juez o la Jueza que presida el proceso no está obligado u obligada a ilustrarle ni orientarle sobre las leyes o reglas del procedimiento judicial. Tampoco está obligado u obligada a nombrarle abogados o abogadas para que le asesoren durante el proceso.
  • Si usted opta por representarse por derecho propio, estará sujeto o sujeta a las mismas exigencias de las Reglas de Procedimiento Civil con las que tienen que cumplir los abogados o las abogadas. Además, como parte, el Tribunal lo o la tratará como a cualquier parte con representación legal.
¿Dónde se puede comunicar para obtener más información?

Se puede comunicar con el Programa de Acceso para Litigantes por Derecho Propio está adscrito a la Directoría de Programas Judiciales de la Oficina de Administración de los Tribunales, al (787) 641-6600 extensiones 5709 y 5726. Este programa supervisa técnica y administrativamente los Centros Pro Se de la Rama Judicial.

¿Cuál es el propósito de la Ley Núm. 408-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”?

El propósito de la Ley es, entre otras cosas, establecer un sistema de prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación para las personas que padecen de algún trastorno de salud mental.

¿A quiénes le aplican los remedios de la Ley de Salud Mental?

Le aplican a toda persona que necesite, solicite, reciba o haya recibido servicios de salud mental, incluyendo servicios para todos los trastornos relacionados al abuso, dependencia y trastornos inducidos por sustancias (droga y/o alcohol).

Incluye a personas adultas de dieciocho años o más y menores de edad, de diecisiete años o menos.

¿Cuáles son los remedios más comunes que se le pueden solicitar al Tribunal, al amparo de la Ley de Salud Mental para personas adultas?

Los remedios más comunes para personas adultas son:

Los formularios mencionados están disponibles en las secretarías de todos los tribunales, en los Centros Pro Se  y en el portal cibernético de la Rama Judicial en la página de Formularios .

¿Qué es una petición de detención temporera de veinticuatro horas y qué implica?

Es una solicitud juramentada que se presenta ante el Tribunal cuando se tiene base razonable para creer que una persona de dieciocho años o más requiere tratamiento de salud mental inmediato para protegerla de causarse daño físico a sí, a otras personas o a la propiedad y no desea recibir atención médica de forma voluntaria.

De concederse la petición, se ordenaría la detención temporera de la persona adulta, por un periodo máximo de veinticuatro horas, para sea conducida a una institución hospitalaria y evaluada por un o una psiquiatra, en conjunto con un equipo de profesionales de la salud mental, para que estabilicen a la persona y determinen el nivel de cuidado y tratamiento necesario para esta.

¿Quién puede presentar una petición de detención temporera de veinticuatro horas?

Cualquier persona mayor de dieciocho años que observe que otra persona mayor de dieciocho años presenta peligro para sí, otras personas o la propiedad y rehúsa recibir tratamiento o evaluación psiquiátrica de forma voluntaria. Esto incluye, pero no se limita a: familiares, amistades, vecinos, vecinas, agentes del orden público, funcionarios y funcionarias de agencias, entre otras.

¿Dónde y cuándo se presenta la petición de orden de detención temporera de veinticuatro horas?

Se podrá presentar en el Tribunal más cercano a la residencia de la persona que se entiende necesita servicios de salud mental o en el Tribunal más cercano al lugar donde se encuentre dicha persona.

La petición se debe presentar lo más pronto posible desde que ocurre la emergencia psiquiátrica de la persona, pero nunca más tarde de las veinticuatro horas de haber ocurrido un episodio.

 Si la emergencia psiquiátrica ocurre durante horas de la noche, un fin de semana o día feriado, podrá acudir al cuartel más cercano para que, a través de la Policía, se active el sistema de Juez o Jueza de turno. Al activar el sistema de “Juez o Jueza de turno”, se podrá atender el asunto desde la comandancia policiaca, no necesariamente desde un Tribunal. 

¿Cómo se hace la petición de orden de detención temporera de veinticuatro horas?

Se completa la petición mediante el formulario Petición de Detención Temporera de Veinticuatro (24) Horas (OAT 1248).

El Tribunal celebrará una vista ex parte, lo que significa que solo estará presente la parte peticionaria, es decir, quien solicita la orden. El Juez o la Jueza evaluará el contenido de la solicitud y entrevistará a la parte peticionaria, y de entender procedente la detención temporera de una persona adulta, emitirá una Orden de detención temporera para que la persona sea evaluada por un(a) psiquiatra.

Una vez se emite la orden de detención temporera, ¿qué procede?

La orden tiene una vigencia de setenta y dos horas (o tres días naturales) desde que fue emitida. Esto significa que, al transcurrir el término, quedará sin efecto automáticamente si no fue diligenciada (entregada a la persona contra la que se emitió la orden). Por lo tanto, al recibir la orden de detención temporera, la parte peticionaria tendrá que hacer las gestiones pertinentes, a la brevedad posible, para trasladar a la persona al hospital para que sea evaluada por un equipo de profesionales de la salud mental.

¿Cómo se traslada la persona al hospital?

La persona que solicitó la orden debe coordinar, a través del plan médico de la persona sujeta a la detención temporera, los servicios de ambulancia. La ambulancia es un vehículo adecuado, según la propia Ley de Salud Mental, cuando corresponda a trasladar a una persona que enfrenta una emergencia psiquiátrica. También, le corresponderá coordinar con el cuartel de la Policía más cercano para que un o una agente de orden público, junto al personal de primera respuesta, le asista en el diligenciamiento de la orden del Tribunal. En coordinación con el servicio de ambulancias y la Policía, se trasladará a la persona a una institución hospitalaria para que le evalúe y cumpla con lo ordenado por el Tribunal.

Si se trata de una emergencia psiquiátrica o la persona no tiene plan médico, se puede hacer las gestiones a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 o de emergencias médicas.

La parte peticionaria debe entregar inmediatamente la orden de detención temporera en la institución hospitalaria correspondiente para que evalúen a la persona y determinen si su recomendación será que sea admitida involuntariamente.

Este proceso involucra a la Policía de Puerto Rico, ¿quiere decir que la orden de detención temporera es un arresto o se afecta el récord de la persona?

No. Los procesos al amparo de la Ley de Salud Mental son procedimientos civiles, no criminales. Por tal razón, no afectan el récord de la persona. De hecho, también son procedimientos confidenciales por lo que los expedientes no están accesibles a cualquier persona.

¿Qué ocurre con la persona objeto de la orden de detención temporera al llegar al hospital?

En un periodo no mayor de veinticuatro horas de haber llegado al hospital, la persona debe ser evaluada por un equipo de profesionales de la salud mental compuesto por mínimo tres profesionales y un o una psiquiatra. Este equipo determinará el nivel de cuidado apropiado para esa persona. Los niveles de cuidado pueden fluctuar entre una hospitalización hasta recibir tratamiento de forma ambulatoria.

Si luego de evaluar a la persona el o la psiquiatra, en conjunto con el equipo de profesionales entiende que esta no debe ser hospitalizada, le dará de alta y establecerá el plan de cuidado que corresponda. Esto debe ser notificado al Tribunal dentro de un término no mayor de setenta y dos horas desde que ocurre el alta.

Si el o la psiquiatra, en consulta con el equipo de profesionales determina que la persona requiere una hospitalización de forma involuntaria, expedirá una certificación para que su familiar, tutor o tutora legal o un o una representante con autorización de la institución, según aplique, solicite al Tribunal una orden de ingreso involuntario por un máximo de quince días.

¿Cómo y dónde se solicita una orden de ingreso involuntario por un máximo de quince días?

Esta petición se presenta dentro de las siguientes veinticuatro horas de haberse emitido la certificación por el hospital. La certificación debe estar firmada por el o la psiquiatra y contener los datos profesionales de los y las miembros del equipo de profesionales que evaluó y recomendó el ingreso de la persona. 

Se puede recurrir al Tribunal más cercano a la institución hospitalaria donde será ingresada la persona, o al Tribunal más cercano al lugar de residencia de esa persona, el que le quede más cerca. No es necesario hacer la petición en el mismo Tribunal que concedió la orden de detención temporera. 

Para obtener una orden de ingreso involuntario por quince días, es necesario presentar la petición al Tribunal mediante el formulario Petición de Ingreso Involuntario por un máximo de 15 días  (OAT 1251). La petición tiene que estar acompañada de la certificación del o de la psiquiatra que evaluó a la persona, en consulta con el equipo de profesionales de la salud mental, mediante la cual se justifique la hospitalización de forma involuntaria.

 

¿Quién puede presentar una petición de ingreso involuntario por un máximo de quince días?

La petición puede ser presentada por la misma persona que gestionó la detención temporera, un o una representante con autorización del hospital, o cualquier persona mayor de dieciocho años que tenga a la mano la certificación que emite el hospital recomendando este nivel de cuidado. Esto incluye, pero no se limita a: familiares, vecinos, vecinas, agentes del orden público, representantes con autorización del hospital, funcionarios o funcionarias de agencias, entre otras.

¿Qué hace el Tribunal al recibir la petición de ingreso involuntario?

Al recibir la petición junto con la certificación del o de la psiquiatra, el Tribunal evaluará que cumpla con los requisitos de ley, y de ser así, autorizará una orden de ingreso involuntario por un máximo de quince días. La determinación se hará inmediatamente.

Si la petición no viene acompañada de la certificación, no podrá ser considerada en el momento. El Tribunal ordenará a la parte peticionaria a realizar las gestiones para obtener la certificación requerida por la ley.

¿Qué ocurre cuando el Tribunal autoriza la petición de ingreso involuntario por un máximo de quince días?

Al autorizar el ingreso involuntario de una persona, el Tribunal señalará una vista de seguimiento dentro de los siguientes cinco días laborables con el propósito de evaluar la necesidad de continuar con el ingreso o si procede el alta de la persona.

Al emitir la orden de ingreso involuntario, se activa el derecho de la persona ingresada involuntariamente a estar representada legalmente. Si la persona no tiene recursos económicos, podrá referírsele a una entidad que ofrezca estos servicios para personas indigentes o, si cualifica, podrá designársele abogado o abogada de oficio. Esta gestión podrá hacerla la parte peticionaria a beneficio de la persona ingresada, o el Tribunal a instancia propia. 

La parte peticionaria será responsable de entregar copia de la orden al hospital en el que se ingresará a la persona. El hospital tiene el deber de informar a la persona ingresada involuntariamente sobre los derechos que le asisten, incluyendo el de estar representada legalmente.

¿Qué puede ocurrir en la vista de seguimiento?

A la vista debe comparecer la parte peticionaria del ingreso involuntario y algún o alguna representante del hospital, o en ausencia de esta persona, se rendirá al Tribunal un informe con los detalles del progreso de la persona. La parte peticionara deberá tener consigo todos los documentos que le haya facilitado el hospital hasta ese momento.

La persona ingresada involuntariamente tiene derecho a estar presente en la vista, si las circunstancias lo permiten y a impugnar su ingreso y presentar prueba a favor de la concesión del alta, por sí o a través de su representante legal.

Tras recibir la prueba pertinente, el Tribunal determinará si la persona debe continuar hospitalizada involuntariamente o no. De determinar que la persona no amerita mantenerse ingresada involuntariamente, ordenará el alta inmediatamente y se asegurará que sea referida al nivel de cuidado correspondiente.

Si por el contrario, el Tribunal determina que la persona debe permanecer ingresada de forma involuntaria, la orden de ingreso involuntario continuará en efecto hasta cumplirse los quince días o hasta que la recomendación sea modificada concediendo el alta, lo que ocurra primero. Para esto señalará las vistas adicionales que estime apropiadas hasta que se recomiende el alta de la persona.

¿Qué ocurre si están por transcurrir esos primeros quince días de la hospitalización involuntaria, pero la persona no ha mejorado?

Por lo menos tres días antes de finalizar el período inicial de quince días, el director o la directora de la institución o del hospital de salud mental o su representante, por su propia voluntad o por conducto de un o una familiar o tutor o tutora legal de la persona ingresada, debe presentar en el Tribunal una segunda certificación, emitida por un o una psiquiatra, en conjunto con el equipo de profesionales de la salud mental que atendió a la persona ingresada. La certificación debe establecer la necesidad de mantener a la persona ingresada involuntariamente por un periodo que no debe exceder de quince días adicionales.

Dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas de haberse recibido la segunda certificación recomendando la extensión del término inicial, el Tribunal celebrará una vista para determinar si procede el ingreso por un periodo máximo de quince días adicionales.

Si el Tribunal lo entiende necesario, puede ordenar la extensión de la hospitalización por un máximo de quince días adicionales y señalar vistas de seguimiento adicionales.

¿Qué es un cambio de estatus de ingreso voluntario a ingreso involuntario?

Esto ocurre cuando una persona que llegó voluntariamente al hospital y fue evaluada e ingresada, luego solicita ser dada de alta, pero el equipo de profesionales de la salud mental que la evaluó considera que la persona representa peligro para sí, otras personas o a la propiedad, por lo que recomienda que se niegue el alta y se le obligue a permanecer hospitalizada de forma involuntaria.

¿Quién puede solicitar un cambio de estatus de ingreso voluntario a involuntario ante el Tribunal?

La petición puede ser presentada por un o una representante con autorización del hospital, o cualquier persona mayor de dieciocho años que tenga a la mano la certificación que emite el hospital recomendando el ingreso de forma involuntaria. Esto incluye, pero no se limita a: familiares, vecinos, vecinas, agentes del orden público, representantes con autorización del hospital, funcionarios o funcionarias de agencias, entre otras.

¿Cómo y dónde se solicita cambio de estatus de ingreso voluntario a ingreso involuntario?

La petición debe realizarse ante el Tribunal dentro de las siguientes veinticuatro horas de la persona haber solicitado el alta al hospital. También, debe venir acompañada de la certificación del o de la psiquiatra, en conjunto con el equipo de profesionales de la salud mental que evaluó a la persona y recomienda el ingreso involuntario de esta.

La petición puede hacerse en el Tribunal más cercano a la institución hospitalaria en la que se encuentra ingresada la persona. Para ello, deberá hacerlo a través del formulario Petición de Cambio de Estatus de Ingreso Voluntario a Involuntario por un Máximo de Quince (15) Días  (OAT 1749).

¿Qué sucede luego de presentar la solicitud de cambio de estatus de ingreso voluntario a involuntario?

El Tribunal evaluará la petición dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas, para determinar si procede o no el cambio de estatus. También evaluará que venga acompañada de la certificación correspondiente. Mientras el Tribunal dilucida si procede o no la petición la persona deberá permanecer ingresada en el hospital. 

Para todos los efectos, se seguirá el mismo proceso del ingreso involuntario. Quiere esto decir, que, de concederse la orden de cambio de estatus, se activa el derecho de esa la persona a estar representada por abogado o abogada y se señalará una vista de seguimiento dentro de los próximos cinco días laborables para determinar si procede o no mantener a la persona ingresada de forma involuntaria.

¿Qué es un tratamiento compulsorio?

Es el mecanismo que tiene aquella persona que interesa que otra se comprometa con su tratamiento para su salud mental, cuando tiene motivo para creer que esta última no quiere hacerlo de forma voluntaria. El tratamiento compulsorio puede ser una alternativa para evitar la hospitalización psiquiátrica y lograr que la persona se comprometa y cumpla con las recomendaciones médicas.

¿Por qué el Tribunal interviene en un tratamiento compulsorio?

Tratándose de una petición para someter a una persona a un tratamiento involuntario y de manera obligatoria, el Tribunal debe evaluar las recomendaciones médicas para determinar si la persona en cuestión amerita ser sometida a un tratamiento de forma compulsoria. Si el Tribunal concede la petición, la persona estaría sujeta a cumplir con el tratamiento obligatorio indicado, pudiendo resultar su incumplimiento en un desacato al Tribunal. Esto puede conllevar sanciones económicas a la parte, o su arresto.

¿Quién puede solicitar que el Tribunal ordene el tratamiento compulsorio?

Cualquier persona mayor de dieciocho años que tenga motivo fundado para creer que una persona necesita tratamiento para su trastorno de salud mental (incluyendo el uso y abuso de sustancias controladas y/o alcohol), pero no quiere comprometerse a ello de forma voluntaria. Esto puede incluir, pero no se limita a: familiares, amistades, miembros del equipo de profesionales de la salud que atienden a la persona, trabajadores o trabajadoras sociales, u otras personas que tengan interés en la recuperación de la persona. 

¿Cómo y dónde se solicita el tratamiento compulsorio?

Se solicita a través del formulario Petición de orden de tratamiento compulsorio  (OAT 1747) y se presentará en Tribunal más cercano al lugar de residencia de la persona que sería objeto del tratamiento compulsorio o en el Tribunal más cercano en el que se halle la persona.

¿Hace falta acompañar la petición con algún otro documento?

Idealmente, la petición debe estar acompañada por una recomendación escrita de un o una psiquiatra o profesional de salud mental, que en conjunto con un equipo de profesionales de la salud mental hayan evaluado y recomendado esta modalidad de tratamiento para esa persona particular. La recomendación de este o esta profesional debe detallar el tratamiento que necesita la persona y establecer la importancia y necesidad de que el Tribunal lo ordene.

¿Qué sucede si la petición no está acompañada de una recomendación médica para el tratamiento compulsorio?

Si la parte peticionaria no cuenta con la recomendación médica por escrito, pero considera que la persona debería ordenársele recibir tratamiento de forma compulsoria, igual podrá hacer la petición para tratamiento compulsorio. En ese caso, el Juez o la Jueza evaluará la situación, celebrará una vista para escuchar a la parte que presentó la petición y de quedar convencido o convencida, ordenará una evaluación comprensiva para que un equipo inter o multidisciplinario recomiende o no esta modalidad de tratamiento a la persona. Luego, cuando los resultados de la evaluación ordenada estén disponibles, celebrará otra vista en la que se determinará si procede o no ordenar el tratamiento.

¿Qué hará el Tribunal una vez reciba la petición de tratamiento compulsorio junto a la recomendación médica?

Si la petición de tratamiento compulsorio se presenta junto con la recomendación de los y las profesionales de la salud mental, el Juez o la Jueza citará a una vista posterior para escuchar a la parte que presentó la petición, al o a la profesional de la salud mental que recomendó esa modalidad tratamiento y a la persona para quien se solicitó el tratamiento.

¿Qué derechos le asisten a la persona sujeta al tratamiento compulsorio en este proceso?

La persona tiene derecho a estar presente en la vista en la que se diluciden los resultados de la evaluación. También tiene derecho a estar representada por abogado o abogada en la vista; impugnar las recomendaciones médicas y presentar prueba a favor de que no se ordene el tratamiento de forma compulsoria.

El día de la vista evidenciaria, la persona sujeta al tratamiento compulsorio debe estar representada por un abogado o una abogada. Por tanto, las gestiones para conseguir representación legal deberán realizarse desde que se presenta la solicitud de tratamiento compulsorio. Si la persona no tiene recursos para costear su propia representación, podrá solicitar el referido a una organización que se dedique a ofrecer estos servicios para personas indigentes o, si cualifica, podrá designársele abogado o abogada de oficio. Esta gestión podrá hacerla la parte peticionaria a beneficio de la persona sujeta al tratamiento compulsorio, o el Tribunal a instancia propia.

¿Qué puede suceder el día de la vista en que se discutan los resultados de la evaluación y las recomendaciones médicas?

La parte peticionaria, la parte sujeta al tratamiento compulsorio, su representante legal y algún o alguna representante con autorización del equipo de profesionales de la salud mental que lo evaluó y recomendó o no esta modalidad de tratamiento, deberán estar presente. En ausencia de este último, se podrá rendir el informe detallado al Tribunal.

El Tribunal evaluará las recomendaciones médicas y escuchará a las partes. De entender procedente el tratamiento compulsorio, concederá una resolución y orden para someterse a tratamiento compulsorio. De lo contrario, se podrá ordenar el archivo del caso.

¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con el tratamiento compulsorio luego que el Tribunal lo ordena?

La persona que no cumpla con el tratamiento compulsorio y las condiciones ordenadas por un Tribunal se expone a un desacato. El desacato es una sanción que el Tribunal impone cuando una persona no cumple con lo ordenado. Esto pudiera incluir sanciones económicas o conllevar su arresto, dependiendo de las circunstancias. 

¿Cuánto tiempo podrá estar una persona bajo tratamiento compulsorio?

El tiempo dependerá del progreso de la persona. El Tribunal ordenará vistas de seguimiento periódicas, como mínimo cada tres meses. En este mismo periodo, los y las profesionales de la salud que atienden a la persona bajo tratamiento compulsorio deberán rendir informes al Tribunal en el que notifiquen el progreso o no de la persona y su adherencia al tratamiento.

El Tribunal archivará el caso cuando la persona demuestre que no representa un peligro para sí, para otras personas o la propiedad; cuando los y las profesionales de la salud mental así lo recomienden, o cuando se demuestre que la persona se encuentra apoderada de su proceso de recuperación y fuera de peligro.

¿Qué puede hacer si luego de que el Tribunal ha terminado la supervisión, la persona vuelve a interrumpir el tratamiento médico que se supone mantenga?

El tratamiento compulsorio puede solicitarse nuevamente, las veces que sean necesarias.

¿Qué es una terapia electroconvulsiva?

Es una técnica de tratamiento que se realiza mediante la electricidad, al inducir una activación de las neuronas del sistema nervioso central, que debe ser repetida un determinado número de veces, para el tratamiento de algunas enfermedades psiquiátricas.

¿En qué ocasiones se puede hacer una petición al Tribunal para someter una persona a terapia electroconvulsiva?

Esta solicitud puede hacerse ante el Tribunal cuando la persona que se pretende someter a esta modalidad de terapia no consiente a recibirla, o no puede consentir, o su tutor o tutora legal- de ser asignado o asignada- no consiente a la terapia. Si la persona o su tutor o tutora legal consiente a la terapia, no es necesaria la intervención del Tribunal.

¿Quién puede hacer esta petición al Tribunal y cómo se hace?

La petición puede hacerse por el director o la directora médico de la institución que se propone ofrecer esta terapia a una persona o un o una representante con autorización de la institución.

Debe solicitarse en el Tribunal más cercano a la institución que ofrecerá la terapia. Esta se hace mediante el formulario Petición para someter a una persona adulta a terapia electroconvulsiva  (OAT 1751).

¿Qué hace el Tribunal al recibir esta petición?

El Tribunal señalará una vista dentro de las siguientes ocho horas de haber recibido la petición. En la vista, evaluará las recomendaciones médicas y toda la información que estime apropiada para determinar si autoriza la terapia electroconvulsiva a una persona.

¿Quiénes deben comparecer a la vista?

El Tribunal ordenará la comparecencia de los y las facultativos médicos que recomiendan la terapia electroconvulsiva y a los familiares de la persona sujeta a esta terapia, si lo estima necesario.

¿Qué sucede si el Tribunal autoriza la terapia electroconvulsiva?

La terapia será administrada las veces que haya sido autorizada por el Tribunal. Si luego de las terapias autorizadas por el Tribunal la persona no presenta mejoría y el equipo de profesionales recomienda que esta sea sometida nuevamente a más sesiones de terapia electroconvulsiva, deberá recurrir nuevamente al Tribunal si la persona sujeta a las terapias o su tutor o tutora legal no las consiente.

¿Qué sucede si la persona que necesita la atención o tratamiento es menor de dieciocho años?

Si la persona que se encuentra en medio de una emergencia psiquiátrica es menor de dieciocho años y su padre o madre con patria potestad, persona custodia legalmente o tutor o tutora legal entiende que amerita tratamiento urgente, basta el consentimiento de esta para que se dirija al o a la menor a una institución para recibir los servicios. Cuando cualquiera de estas personas consienta, no será necesaria la intervención del Tribunal ya que se considera como un tratamiento voluntario, aunque el o la menor no esté de acuerdo.

Cuando el padre o la madre con patria potestad, persona custodia legalmente, o tutor o tutora legal no se encuentre, cualquier persona interesada mayor de dieciocho años podrá gestionar para que el o la menor reciba una evaluación de forma comprensiva para conocer si amerita un ingreso de emergencia. En estos casos, se debe recurrir al Tribunal para que lo autorice.

Si el Tribunal lo autoriza, se trasladará al o a la menor a una institución hospitalaria que ofrezca servicios para menores y adolescentes para que un o una psiquiatra de niños y niñas y adolescentes junto con el equipo inter o multidisciplinario de la institución proveedora, establezcan el diagnóstico y determinar el nivel de cuidado que corresponda a la severidad de los síntomas y signos en el momento. El director o la directora de la institución proveedora deberá continuar los esfuerzos para localizar al padre o a la madre con patria potestad o al tutor o a la tutora legal. Si la persona es localizada, y consiente por escrito, a la admisión involuntaria se validará como si fuera una admisión voluntaria y el o la menor podrá continuar bajo hospitalización.

Si el padre o madre, con patria potestad, o el o la tutor legal no se encuentre dentro las próximas veinticuatro horas o si luego de encontrarse rehúsa el consentimiento para el ingreso del o de la menor, se radicará una petición y un informe al Tribunal sobre la condición del o de la menor, que contendrá las recomendaciones del o de la psiquiatra de niños y niñas y adolescentes, en consulta con el equipo inter o multidisciplinario.

El Tribunal determinará si procede la continuidad del cuidado o el alta del o de la menor, para lo cual señalará una vista para llevarse a cabo dentro del término de siete días naturales. El procedimiento será similar al del ingreso involuntario de una persona adulta, activándose el derecho de ese o esa menor a tener representación legal.

¿Cuándo usualmente interviene el Tribunal en casos de salud mental que involucran a menores de edad?

El estándar para saber si el Tribunal debe intervenir o no, es cuando el padre o la madre con patria potestad, o la persona o agencia que ostente la custodia legal del o de la menor o el tutor o la tutora legal no tienen capacidad para consentir, o teniéndola no consienten a los servicios, o cuando se trata de una emergencia y ninguna de estas personas puede ser hallada luego de realizar las diligencias razonables para conseguirlas.

Siempre que alguna de estas personas esté disponible y ofrezca su consentimiento a cualquiera de los servicios, no será necesario obtener una orden del Tribunal.

¿Se puede solicitar el cambio de estatus de voluntario a involuntario, el tratamiento compulsorio o la terapia electroconvulsiva para menores de diecisiete años o menos?

Sí. Siempre y cuando no se cuente con el consentimiento del padre o de la madre con patria potestad, persona o agencia que ostente la custodia legal del o de la menor o el tutor o la tutora legal para cualquiera de los procedimientos que están disponibles para personas adultas. Los servicios deberán ser recomendados y ofrecidos por la unidad especializada para niños y niñas y adolescentes.

¿Los y las menores de edad pueden solicitar y consentir servicios para su salud mental de forma voluntaria?

Depende. Por virtud de la Ley de Salud Mental, cualquier menor entre catorce y diecisiete años de edad puede solicitar recibir servicios ambulatorios, si a juicio del o de la profesional de la salud mental, tiene capacidad para entender el efecto de su solicitud.

Cualquier menor de trece años o menos, podrá solicitar estos servicios por conducto de su padre o madre con patria potestad, persona o agencia que ostente su custodia legal, o su tutor o tutora legal.

Para cualquier otro tipo de servicio que no sea ambulatorio, se requiere autorización de las personas a su cargo, o del Tribunal.

Aspectos adicionales que debe conocer sobre la Ley de Salud Mental
  • La persona sujeta a los remedios de esta ley goza de una presunción de que es capaz mentalmente y que su recuperación es posible.
  • Las determinaciones judiciales deben estar enfocadas en el mejor interés de la persona que padece de un trastorno de salud mental, no en el de sus familiares o el proveedor o la proveedora de servicios de salud mental.
  • Los y las familiares de la persona que recibe servicios de salud mental tendrán la oportunidad de proveer información a los y las profesionales a cargo del tratamiento. Recibirán además, información educativa acerca de la naturaleza de los trastornos, medicamentos y sus efectos secundarios, servicios de sostén disponibles y grupos de apoyo, así como asistencia en estrategias para el manejo de crisis. Esta información será suministrada por toda institución proveedora.
  • Toda persona acreedora de servicios de salud mental, los padres, las madres o el tutor o la tutora legal de una persona que recibe servicios de salud mental, tienen el derecho a expresar sus necesidades, satisfacción y recomendaciones sobre los servicios que recibe o se le ofrecen. Tienen el derecho a aportar, recomendar y ser partícipes por sí o mediante representación, en el desarrollo y planificación de las estrategias y servicios que necesita.
  • Toda persona adulta que, por razón de consanguinidad o por obligación moral, ya sea porque se haya beneficiado económicamente, obtuvo beneficio de cualquier tipo de la persona que padece de trastornos mentales, o que necesita o recibe servicios de salud mental, tendrá la obligación de proveer el apoyo necesario y procurará que la persona con trastorno mental pueda participar en los servicios que propenda a su recuperación, de acuerdo con su nivel de capacidad.
  • Según requerido por la Ley de Salud Mental, todos los proveedores y todas las proveedoras de servicios de salud mental mantendrán oficinas de orientación a las personas sobre sus servicios. Además, toda institución proveedora desarrollará e implantará un procedimiento para la reconsideración y revisión de todas las decisiones clínicas. Por tanto, usted puede solicitar orientación de sus derechos y/o los de su familiar para cuando desee impugnar una determinación médica, o desee presentar una queja o querella.
¿Dónde se puede comunicar para obtener más información?

Se puede comunicar con la oficina central del Programa para el Acceso a la Justicia de Personas con Condiciones Mentales  adscrito a la Directoría de Programas Judiciales  de la Oficina de Administración de los Tribunales al (787) 641-6600 extensión 5701.

Sistema de Tribunales y Gobierno

Para materiales relacionados

LA CONSTITUCIÓN DE PUERTO RICO Y EL SISTEMA DE GOBIERNO

¿Qué es la Constitución y qué establece?

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aprobada el 25 de julio de 1952, es la ley suprema y prevalece sobre las demás leyes de Puerto Rico. Por ello, si una ley va en contra de la Constitución, se considera inválida y se puede declarar inconstitucional. Establece la organización del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en tres poderes y define las responsabilidades de cada uno de estos poderes. Además, incluye la Carta de Derechos en la cual se mencionan los derechos que tienen todas las personas en Puerto Rico ante el Estado o Gobierno.

¿Cuáles son los tres poderes del Gobierno de Puerto Rico?

Nuestro sistema de Gobierno está organizado en tres poderes o ramas. Esta separación de poderes significa que cada Rama de Gobierno tiene responsabilidades, facultades y funciones distintas. Así, se distribuye el poder y se establece un balance.

SISTEMA DE TRIBUNALES

¿Qué es el Sistema de Tribunales?

El Sistema de Tribunales es una estructura organizacional del Poder Judicial de dos ámbitos: el judicial y el administrativo. Por un lado, el aspecto judicial se refiere a la organización y composición de los tribunales en Puerto Rico. Por otro lado, el aspecto administrativo trata sobre cómo funciona y se administra el Poder Judicial.

En síntesis, el Sistema de Tribunales está compuesto por: el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal Supremo y la Oficina de Administración de los Tribunales.

¿Qué es un Tribunal?

El Tribunal es el lugar donde acuden las personas cuando no han podido resolver problemas de manera directa con otra parte o cuando quieren reclamar un derecho. En los tribunales, trabajan los jueces o las juezas que resuelven los casos y las controversias que se le presentan mediante la aplicación e interpretación de las leyes y la jurisprudencia (norma o doctrina establecida por el Tribunal Supremo, que es aplicable a otros casos de naturaleza o controversias similares que puedan suceder luego entre otras personas).

¿Qué tipos de casos se ven en los tribunales?
  • Civiles: incluyen casos sobre herencias, daños y perjuicios, familia (adopción, custodia, pensión alimentaria, etc.), cobro de dinero, ejecuciones de hipoteca, corporaciones, entre muchos otros. 
  • Criminales: se caracterizan porque los inicia el Ministerio Público, es decir, fiscales y fiscalas representando al Estado o el Pueblo de Puerto Rico, contra una o varias personas. El objetivo del pleito es penalizar a la persona que se sospecha incurrió en una conducta que está prohibida por ley y se considera un delito. Para ello, el Ministerio Público debe probar más allá de duda razonable que la persona lo hizo.

Por otro lado, el ordenamiento jurídico provee  un procedimiento especial para procesar a personas menores que cometen faltas. Se le llama “falta” a la conducta que, de haber sido cometida por una persona adulta, sería un delito.

¿Qué personas trabajan en el Tribunal?
  • Alguacil o Alguacila – tiene la función de mantener la seguridad y el orden en el Tribunal, y hacer cumplir las órdenes. Por ejemplo, cada sala del Tribunal General de Justicia tiene alguaciles asignados o alguacilas asignadas a la misma, para mantener el orden. El Alguacil o la Alguacila  también hace cumplir órdenes de un Juez o una Jueza fuera del Tribunal.
  • Examinadores o Examinadoras de pensiones alimentarias – son funcionarios o funcionarias del Tribunal que son licenciados o licenciadas en Derecho. Estos funcionarios o estas funcionarias son las primeras personas en atender los casos de pensiones alimentarias, evaluarlos y hacer recomendaciones a los jueces o las juezas. Además, celebran vistas, evalúan prueba y rinden un informe al Tribunal sobre sus recomendaciones para fijar o modificar una pensión alimentaria.
  • Juez o Jueza – resuelve los casos y las controversias que se presentan ante el Tribunal.
  • Secretario o Secretaria de Sala – es quien graba el audio de todo lo que ocurre en la Sala (en el equipo de grabación del Tribunal) y toma notas de lo que ocurre durante las vistas. Luego, prepara un documento que se conoce como minuta, en el que se escribe todo lo expuesto por las partes en Sala.
  • Secretario o Secretaria Auxiliar – es quien recibe las peticiones y mociones que las personas presentan y está encargado o encargada de notificar las órdenes y sentencias.
  • Trabajador o Trabajadora Social del Tribunal – es un o una profesional que asesora y trabaja como perito o perita del Tribunal en ciertos casos. Es decir, al tener un conocimiento especializado, le hace recomendaciones al Juez o a la Jueza. Este o esta profesional colabora con el Juez o la Jueza para el mejor desempeño de sus funciones en la administración de la justicia y ofrece asesoramiento social de situaciones familiares y asuntos de personas menores de edad ofensoras referidas por los jueces o las juezas de familia y menores. Asimismo, mediante un Informe Social Forense recomienda las acciones a considerar para que el Juez o la Jueza decida el caso y ofrece supervisión a los o las menores que están bajo la supervisión del tribunal conforme a la Ley de Menores.
  • Mediador o Mediadora – es un funcionario o una funcionaria de la Rama Judicial, que está debidamente certificado o certificada para desempeñarse como árbitro, árbitra, intermediario o intermediaria imparcial en la solución de conflictos o controversias. Este funcionario o esta funcionaria ofrece su conocimiento y ayuda a las personas para que, sin favorecer a ninguna de las partes, puedan llegar a acuerdos satisfactorios para todas las personas involucradas en la situación. Trabajan en los Centros de Mediación de Conflictos de la Rama Judicial, los cuales están ubicados en las trece regiones judiciales.
¿Qué funcionarios o funcionarias de otras ramas de Gobierno participan de los procesos en los tribunales?
  • Fiscal – es un abogado o una abogada del Departamento de Justicia. Funcionario encargado o funcionaria encargada de investigar y presentar los cargos y la evidencia del caso en contra de una persona que se sospecha cometió un delito. Representa al Pueblo de Puerto Rico en casos criminales.
  • Policía – es miembro de la Policía de Puerto Rico. Su función es asegurarse de que la comunidad cumpla con las leyes en Puerto Rico y ayudar a mantener el orden público. En muchas ocasiones, es quien presenta las denuncias y comparece como persona testigo en todas las etapas del proceso criminal.
  • Procurador o Procuradora de Menores – abogado o abogada del Departamento de Justicia encargado o encargada de implementar la Ley de Menores e investigar todas las querellas referidas por la Policía donde se alegue la comisión de una falta por personas menores de dieciocho años de edad. Hay casos en que los o las menores de edad son juzgados o juzgadas como personas adultas, sin embargo, estos casos son excepcionales cuando surgen unas circunstancias establecidas por ley.
  • Procurador o Procuradora de Familia –abogado o abogada del Departamento de Justicia que representa a los o las menores y personas incapacitadas en los procesos de familia (maltrato de menores, adopción y otros) o al Ministerio Público o Estado en asuntos civiles.
¿Cuáles otras personas pueden participar en un caso cuando asumen un rol o una función particular?
  • Abogados o abogadas – personas con estudios en Derecho y licencia para practicar la profesión en Puerto Rico, encargadas de representar a sus clientes. Hay abogados o abogadas que tienen oficinas o bufetes y ofrecen sus servicios profesionales a la persona que les contrata directamente. La persona que contrata los servicios del abogado o de la abogada será responsable de satisfacer lo que cuestan sus servicios. Por otra parte, hay abogados o abogadas que trabajan para alguna oficina que brinda servicios legales de manera gratuita a las personas que cumplen con ciertos requisitos. La Sociedad para la Asistencia Legal y Servicios Legales de Puerto Rico son ejemplos de estas oficinas. También el Tribunal puede asignar a un abogado o una abogada que represente a clientes que no pueden pagar dichos servicios profesionales. A estos últimos o estas últimas se les conoce como “abogados o abogadas de oficio”, son profesionales del Derecho que tienen oficina y el Tribunal les designa los casos de manera pro bono a base de unas listas.
  • Jurado – personas seleccionadas al azar, a base de un registro, para que cumpla con su deber de servir en un juicio. Las personas que constituyen el jurado son representativas de la comunidad y, en Puerto Rico, se escogen para emitir un veredicto en un caso criminal luego de que en el Tribunal se presente prueba. Algunos de los requisitos para ser jurado son: ser mayor de dieciocho años; saber leer y escribir español; estar física y mentalmente apto o apta para servir como jurado, y residir legalmente en Puerto Rico, durante un año y noventa días previos al juicio.
  • Testigo – persona que tiene conocimiento personal de unos hechos que son importantes para decidir un caso y que se le cita al Tribunal para exponer lo que conoce de estos hechos.
  • Peritos o peritas – personas expertas en distintas áreas del saber que, por sus estudios, experiencias y dominio del tema, se contratan para que puedan comparecer como personas testigos y ofrecer su opinión profesional sobre el tema particular que se evalúa en el juicio.
¿Cuál es el Tribunal de Primera Instancia?

Este Tribunal es creado por ley y funciona como el primer escalón del sistema judicial. Es el lugar donde acuden físicamente las personas cuando no han podido resolver problemas o controversias de manera directa con la otra parte o cuando quieren reclamar un derecho.

El Tribunal de Primera Instancia es un Tribunal de jurisdicción general con autoridad para actuar en todo caso o controversia que se pueda resolver, que surja dentro del territorio de Puerto Rico. “Jurisdicción” se refiere al poder que tiene el Tribunal para atender un asunto y emitir una decisión, que las partes en el pleito deberán cumplir. Las vistas de los casos son grabadas en audio. Estas grabaciones se guardan y el contenido se transcribe. Se mantiene un expediente judicial de cada caso.

El Tribunal de Primera Instancia tiene sedes y salas, y dos tipos de jueces(zas): celebran sesiones jueces y juezas superiores y jueces y juezas municipales

¿Cuál es el Tribunal de Apelaciones?

El Tribunal de Apelaciones es creado por ley y funciona como el segundo escalón o nivel en los tribunales de Puerto Rico ya que es un foro intermedio entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de Primera Instancia. Es el foro apelativo al cual las partes que no estén de acuerdo con el resultado de una determinación o decisión puedan presentar por escrito su posición ante un panel de no menos de tres jueces o juezas. Este panel revisará las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia y de los organismos y las agencias administrativas. Para ello, se le presentan todos los documentos que forman parte del expediente del caso. Las partes no acuden físicamente a exponer sus puntos de vista. No obstante, el Tribunal de Apelaciones puede celebrar vistas orales en las que los abogados y las abogadas acuden físicamente a presentar y explicar sus casos ante los jueces y las juezas del Tribunal de Apelaciones.

¿Cuál es el Tribunal Supremo?

Como surge de su nombre, este Tribunal es el de más alto rango y de última instancia en Puerto Rico. El Tribunal Supremo es el único que existe por mandato constitucional. Tiene la función principal de interpretar la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, tiene la función de analizar la validez constitucional de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, así como actuaciones oficiales de las otras ramas gubernamentales. El Tribunal Supremo es el tercer escalón o nivel de tribunales; es un tribunal apelativo en el que se presentan todos los documentos que forman el expediente del caso que ya se ha visto en el Tribunal de Primera Instancia y en el Tribunal de Apelaciones.

Trata Humana

¿Qué es trata humana?

Según el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, la trata de personas se define como la captación, traslado, transporte, acogida o recepción de una persona utilizando la violencia, amenaza, engaño, rapto, fuerza, abuso de poder, abuso de una situación de vulnerabilidad u otros elementos de coacción, con el fin de someterla a explotación y lucrarse con su actividad.

¿A qué se refiere explotación de una persona?

Significa que una persona obtiene cualquier tipo de beneficio de otra persona, su trabajo o sus cualidades, de forma injusta o indebida.

¿Qué significa trata laboral bajo el delito de trata humana?

Trata laboral se define como:

  • trabajos o servicios forzados
  • servidumbre (por ejemplo, trabajar en condiciones pésimas, sin paga alguna)
  • servidumbre por deuda (por ejemplo, prestar servicios personales para saldar una deuda pendiente)
  • mendacidad (por ejemplo, obligación a pedir dinero en las calles)
  • matrimonio servil (forzado o en intercambio de algún beneficio económico)
  • adopción por coacción o coerción
  • esclavitud
  • extracción de órganos
¿Cuáles son algunas de las actividades que incluye la explotación sexual bajo el delito de trata humana?

Algunas actividades son:

  • pornografía
  • prostitución
  • matrimonio servil
  • bailes eróticos
  • embarazos forzados
¿Quién puede ser víctima de trata humana?

Toda persona de cualquier edad y sexo, sea adulta o menor, puede ser víctima de trata humana.

¿Qué preguntas puedes hacer para identificar alguna situación de trata humana?

Las preguntas más comunes para identificar alguna situación de trata humana son:

  • ¿Tiene la persona libertad para dejar su residencia?
  • ¿Tiene la persona libertad para dejar su lugar de trabajo?
  • ¿Puede la persona desplazarse libremente? ¿Tiene libertad de movimiento?
  • ¿Ha sido la persona abusada física, sexual o psicológicamente?
  • ¿Tiene la persona un pasaporte o documento de identidad válido y está en posesión de este?
  • ¿Las condiciones de empleo y salario son abusivas? ¿Son diferentes a lo acordado inicialmente?
  • ¿Teme la persona que algo malo vaya a sucederle a alguna persona de su familia si se va?
  • ¿Hay poca comunicación con los vecinos o las vecinas?
  • ¿Hay presencia de personas menores de edad, acompañadas de personas adultas, en lugares no aptos para estas?

Si las contestaciones a varias de estas preguntas es que sí, podría estar frente a una posible víctima de trata humana.

¿La trata humana es un delito?

Sí. Los artículos 159 y 160 del Código Penal de Puerto Rico tipifica la trata humana como un delito. El artículo 159 tipifica como delito las modalidades de trata laboral, con pena de cárcel por un término fijo de veinte años. Cuando la persona que comete este acto sea el padre o la madre, persona encargada, tutor o tutora legal de la víctima menor de edad o con discapacidad, será sancionada con una pena de cárcel por un término fijo de veinticinco años. El Artículo 160 tipifica como delito las modalidades de explotación sexual, con pena de cárcel por un término fijo de cuarenta años. Cuando la persona que comete este acto sea el padre, la madre, persona encargada, tutor o tutora legal de la víctima menor de edad o con discapacidad, será sancionada con una pena de cárcel por un término fijo de cincuenta años. Además, se le removerá inmediatamente a la víctima menor de edad de su custodia o cuidado.

¿Solo la persona tratante incurre en el delito de trata humana?

No. Además de la persona tratante, que es la persona que realiza el negocio ilegal, también incurre en el delito de trata humana toda persona que participe o facilite la comisión de este delito y toda persona que se beneficie de este comercio ilegal.

¿Qué puedo hacer si sospecho que una persona es víctima de trata humana?

Si tiene sospecha de que una persona es víctima de trata humana, debe llamar inmediatamente al Sistema de Emergencias 9-1-1 para hacer la querella correspondiente. Si sospecha que una persona menor de edad es víctima de trata humana, llame inmediatamente a la Línea Directa de Maltrato del Departamento de la Familia al (787) 749-1333 y haga el referido que corresponda.

Violencia Doméstica

¿Qué es la violencia doméstica?

La Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, define “violencia doméstica” como un patrón de conducta constante de empleo de:

  • amenazas
  • fuerza física
  • intimidación
  • persecución
  • violencia psicológica (deshonra, descrédito o menosprecio, insultos, limitación irrazonable al acceso y manejo de los bienes comunes o al dinero, chantaje, vigilancia constante, aislamiento, entre otras)
  • violencia sexual dentro de la relación de pareja
¿En contra de quién usted puede alegar un patrón de conducta de violencia doméstica?
Se puede alegar contra:

  • su cónyuge o excónyuge
  • una persona con quien cohabita o haya cohabitado
  • una persona con quien haya procreado un hijo o una hija
  • una persona con quien mantiene o haya mantenido una relación consensual o de pareja
¿Qué tipo de daño se causa o se intenta causar durante un evento de violencia doméstica?

Puede ser:

  • daño a otra persona
  • daño físico a la víctima o a sus bienes
  • grave daño emocional
¿Qué puede hacer si enfrenta o cree enfrentar una situación de violencia doméstica?

Si usted enfrenta o cree enfrentar una situación de violencia doméstica, independientemente de cuál sea su sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil o estatus migratorio, puede:

  • acudir al cuartel de la Policía más cercano y solicitar que se presente una denuncia contra quien le maltrató
  • puede acudir, con o sin representación legal, acompañado o acompañada de un intercesor o una intercesora legal si el servicio está disponible y así lo desea, ante cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia y solicitar, sin necesidad de que exista una acusación previa, una orden de protección que establezca que la persona agresora:
    • cese su conducta de maltrato, intimidación y amenazas hacia usted, sus hijos o hijas y otras personas que formen parte de su núcleo familiar
    • desaloje la vivienda que comparte con usted
    • entregue armas de fuego o tiro al blanco que tenga en su posesión
    • le pague a usted una pensión alimentaria provisional, si están casados o casadas o lo han estado y usted establece: 1) la necesidad de recibir dicha pensión y 2) la capacidad económica de la persona agresora para proveerla
    • no entre a su casa, al albergue donde usted se encuentra, a la casa de sus familiares, a la institución educativa a la que usted asiste o a la que asisten sus hijos o hijas ni al negocio o lugar donde usted trabaja
    • no se acerque a sus mascotas
    • no se comunique ni trate de comunicarse con usted por ningún medio (llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, correo regular, redes sociales) ni a través de terceras personas
    • pague una indemnización económica, que podrá incluir gastos de mudanza, reparaciones a la propiedad, gastos legales, gastos médicos, entre otros
    • pare de acercarse o merodear los alrededores de su hogar, lugar de trabajo o lugar de estudio

Además, puede solicitar al Tribunal que le conceda:

  • la custodia provisional de sus hijos o hijas menores de edad
  • pago de una pensión alimentaria provisional, por el tiempo que dure la orden de protección, para sus hijos o hijas menores de edad bajo su custodia
  • una orden para entrar a su hogar a buscar sus pertenencias personales o al lugar donde estas se encuentren, acompañado o acompañada de un o una oficial de la Policía de Puerto Rico
¿Qué sucede una vez el Tribunal dicta la orden de protección?

Luego de que el Tribunal emita la orden de protección, se recomienda que la parte peticionaria (persona que solicitó la orden) entregue una copia de dicha orden en el cuartel de la Policía, estatal o municipal, más cercano a su residencia.

Además, si la parte peticionaria está casada con la persona agresora, puede solicitar a su representante legal que presente una demanda de divorcio, o presentarla por derecho propio en la Secretaría del Tribunal.

Si la parte peticionaria tiene hijos o hijas con la persona agresora, aunque no estén legalmente casadas, puede presentar una reclamación de custodia y alimentos en el Tribunal. Igualmente, puede presentar una solicitud de pensión alimentaria en cualquiera de las oficinas locales de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).

También, y según el Artículo 3.10(A) de la Ley Núm. 54, puede solicitar que el Tribunal emita una orden a la compañía de servicio telefónico inalámbrico para que provea un nuevo número telefónico y, de ser necesario, transfiera la responsabilidad y control sobre uno o más números telefónicos a la parte peticionaria, sin costo adicional.

Si está en peligro, llame al Sistema 9-1-1 o al cuartel de la Policía de Puerto Rico o de la Policía Municipal más cercano.

¿Qué debe hacer por su seguridad y la de su familia en una situación de violencia doméstica?

Según establecen la Ley Núm. 54, el Plan de Escape de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Protocolo Interagencial para Proveer Orientación a Víctimas de Violencia Doméstica y Coordinar Intercambio de Información, usted debe:

  • entregar una copia de la orden de protección con una foto de la persona agresora en su lugar de empleo; al personal de seguridad en su lugar de vivienda, a sus vecinos inmediatos o vecinas inmediatas y en la escuela a la que asiste o asisten sus hijos o hijas
  • guardar prueba de comunicaciones de parte de la persona agresora hacia usted realizadas por teléfono, mensaje de texto, redes sociales, correo regular o electrónico
  • identificar un o una familiar que le brinde apoyo por si surge la necesidad de salir en huida
  • mantener su orden de protección con usted todo el tiempo
  • preparar un plan de escape para situaciones de emergencia que incluya acceso fácil a documentos personales importantes, medicinas, ropa y teléfonos de emergencia, y la ubicación del cuartel de la Policía más cercano; un intercersor o una intercesora legal puede ayudarle en este proceso
  • si usted viaja a Estados Unidos, debe asegurarse de tener su orden de protección a la mano ya que la orden de protección es válida en Puerto Rico, en Estados Unidos y sus territorios
  • solicitar ayuda médica si ha sufrido algún daño físico
  • tomar fotos de las heridas o lesiones que tenga
¿Qué puede hacer si tiene un caso ante el Tribunal?

Si tiene un caso ante el Tribunal, usted debe:

  • informar al o a la Fiscal el nombre de cualquier persona que le esté ayudando
  • informar al o a la Fiscal o al Tribunal si la persona agresora posee armas de fuego, tiro al blanco o de cualquier clase
  • mostrar al o a la Fiscal su orden de protección y el récord médico sobre las heridas o fotos de las heridas, marcas o moretones
  • sentarse lo más lejos posible de la persona agresora; recuerde que usted no tiene que conversar ni mirar a la persona agresora ni a la familia o amistades que se encuentren presentes
  • solicitar a alguna de sus amistades o a algún o alguna familiar que le acompañe en sus visitas al Tribunal
  • solicitar al Tribunal o al Alguacil o a la Alguacila que mantenga a la persona en la Sala por un tiempo hasta que usted tenga tiempo de salir del Tribunal
¿Dónde se puede comunicar para obtener más información?

Se puede comunicar con el Programa para la Atención de Casos de Violencia Doméstica, adscrito a la Directoría de Programas Judiciales de la Oficina de Administración de los Tribunales al (787) 641-6600 extensiones 5702, 5704, 5741 y 5743.

Violencia sexual

La Ley Núm. 148-2015, según enmendada, conocida como la “Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico” establece los mecanismos para la expedición de órdenes de protección para víctimas de los delitos de agresión sexual, actos lascivos, acoso sexual e incesto.

¿Qué es una orden de protección?

Las órdenes de protección son medidas y condiciones que establece el Tribunal para prohibirle a una persona que interfiera o lleve a cabo determinados actos o conducta en contra de otra persona o su propiedad.

¿Qué es agresión sexual?

El Código Penal de Puerto Rico, según enmendado, define el delito de agresión sexual como llevar a cabo, o provocar que otra persona lleve a cabo, un acto orogenital o una penetración sexual, vaginal o anal, ya sea esta genital, digital o instrumental, en cualquiera de estas circunstancias:

  • si a la víctima se le disminuyó, sin esta consentir o sin saberlo, su capacidad de consentir mediante algún medio hipnótico, narcótico, deprimente o estimulante
  • si a la víctima se le obligó al acto por medio de fuerza física, violencia o intimidación
  • si al momento del acto, la víctima no tenía capacidad para consentir y la persona agresora lo sabía
  • si la víctima consintió porque se le engañó sobre la identidad de la persona agresora y creía que era otra persona
  • si la víctima no ha cumplido dieciséis años de edad
  • si por enfermedad o incapacidad mental la víctima no puede comprender el acto en el momento en que ocurre
¿Qué son actos lascivos?

El Código Penal de Puerto Rico, según enmendado, define el delito de actos lascivos como aquel en el cual, sin intentar consumar el delito de agresión sexual, se someta a otra persona a un acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer la pasión o deseos sexuales de la persona imputada.

¿Qué es acoso sexual?

El Código Penal de Puerto Rico, según enmendado, establece que el delito de acoso sexual se configura en una relación laboral, docente o de prestación de servicios, e implica lo siguiente:

  • solicitar favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero y sujetar las condiciones de trabajo, docencia o servicios a su cumplimiento, o
  • mediante comportamiento sexual, provocar una situación con conocimiento de que resultará intimidatoria, hostil o humillante para la víctima.
¿Qué es incesto?

El Código Penal de Puerto Rico, según enmendado, define el delito de incesto como llevar a cabo a propósito, con conocimiento o temerariamente, un acto orogenital o una penetración sexual, vaginal o anal, ya sea esta genital, digital o instrumental, con una persona con quien se tenga una relación de parentesco, por cualquiera de estas circunstancias:

  • compartir o poseer la custodia física o patria potestad
  • ser ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, etc.) o descendiente (hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, etc.)
  • ser colateral (hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, etc.) por consanguinidad o adopción, hasta el tercer grado
  • ser pariente por consanguinidad, adopción o afinidad
¿Qué puede hacer si usted enfrenta o cree haber sido víctima de una situación de violencia sexual?

Cualquier persona que haya sido o crea haber sido víctima de agresión sexual, actos lascivos, acoso sexual o incesto, puede:

  • acudir al cuartel de la Policía más cercano y solicitar que se presente una denuncia contra quien cometió los actos
  • acudir, con o sin representación legal, ante cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia y solicitar, sin necesidad de que exista una acusación previa, una orden de protección que establezca que la persona agresora:
    • acate cualquier otra orden que el Tribunal entienda necesaria para dar cumplimiento a los propósitos y a la política pública de la ley
    • desaloje la residencia donde vive con usted y recoja sus pertenencias lo antes posible
    • entregue a la Policía de Puerto Rico cualquier arma de fuego que tenga en su poder, aunque tenga licencia de portación, posesión o de tiro al blanco
    • no se acerque a sus mascotas
    • no se acerque al vehículo de motor que usted usa
    • no se acerque o entre a su casa, lugar de empleo o estudio, lugar de estudio o cuido de sus hijos o hijas, o cualquier lugar donde usted se encuentre
    • no se comunique con usted por ningún medio, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, cartas, facsímiles, comunicación por medio de familiares, amistades o redes sociales
    • no se le acerque, moleste, intimide, amenace, hostigue o persiga
¿Qué sucede una vez el Tribunal dicta la orden de protección?

Luego de que el Tribunal emita la orden de protección, se recomienda que:

  • entregue copia de la orden de protección con una foto de la persona agresora en su lugar de empleo, al personal de seguridad en su lugar de vivienda, a sus vecinos inmediatos o vecinas inmediatas y en la escuela a la que asisten sus hijos o hijas
  • entregue una copia de la orden en el cuartel más cercano a su residencia
  • guarde prueba de las comunicaciones de parte de la persona agresora hacia usted realizadas por teléfono, mensajes de texto, redes sociales, correo regular o electrónico
  • mantenga una copia de la orden de protección con usted todo el tiempo

Si se encuentra en una situación de emergencia, comuníquese inmediatamente al Sistema 9-1-1 o al cuartel de la Policía de Puerto Rico o de la Policía Municipal más cercano.

¿Qué debe hacer si es víctima de violencia sexual?

Según recomendaciones del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, adscrito al Departamento de Salud, se recomienda lo siguiente:

  • actúe lo más rápido posible
  • busque atención médica de inmediato y acuda a la Sala de Emergencias del hospital más cercano o al Centro de Ayuda de Víctimas de Violación, ya que se le debe realizar un Rape Kit
  • de ser posible, no altere el escenario físico donde ocurrieron los hechos
  • llame a la Policía lo más pronto posible
  • si interesa denunciar a la persona agresora, es importante preservar la evidencia; no se asee, no se bañe y, de ser posible, no se cambie de ropa
¿Qué puede hacer si tiene un caso ante el Tribunal?

Si tiene un caso ante el Tribunal:

  • informe al o a la Fiscal el nombre de cualquier persona que le esté ayudando
  • informe al o a la Fiscal o al Tribunal si la persona agresora posee una o más armas de fuego, tiro al blanco o de cualquier clase
  • muestre al o a la Fiscal su orden de protección y el récord médico
  • solicite a algún o alguna familiar o amistad que le acompañe en sus visitas al Tribunal
  • solicite al Tribunal o al Alguacil o a la Alguacila que mantenga a la persona en la Sala de Sesiones por un tiempo hasta que usted tenga tiempo para salir del Tribunal
  • tome asiento lo más lejos posible de la persona agresora, recuerde que usted no tiene que conversar ni mirar a la persona agresora ni a la familia o amistades que se encuentren presentes